La madrugada del martes escaló la tensión en la Ciudad Universitaria BUAP cuando un operativo policial desalojó a estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El saldo: doce detenidos, tres de ellos menores de edad, y un campus convertido en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad. Las imágenes de barricadas incendiadas, gases lacrimógenos y cristales rotos circularon en redes sociales antes de que el rector Alfonso Espinoza Ortiz anunciara la suspensión indefinida de clases en toda la zona.

No es la primera vez que la Ciudad Universitaria BUAP se convierte en epicentro de protestas estudiantiles, pero el nivel de violencia registrado esta vez ha reavivado el debate sobre los límites del activismo dentro de los espacios académicos. Mientras colectivos denuncian represión y exigen la liberación de los detenidos, las autoridades universitarias justifican las medidas como necesarias para «garantizar la integridad física» de la comunidad. El conflicto, sin embargo, ya trasciende las aulas: comercios cercanos reportaron pérdidas, y el transporte público modificó sus rutas para evitar la zona.

El origen de las manifestaciones en la BUAP

Las protestas en Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) estallaron tras semanas de tensión acumulada por recortes presupuestales que afectaron directamente a programas de investigación y becas estudiantiles. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al menos 45% de los proyectos científicos en la BUAP enfrentaban riesgos de cancelación por falta de fondos, una cifra que supera el promedio nacional. Los recortes, anunciados en marzo, redujeron en un 30% el financiamiento a laboratorios de ciencias exactas, lo que encendió las alarmas entre académicos y alumnos.

El detonante inmediato ocurrió el martes pasado, cuando un grupo de estudiantes intentó ocupar las oficinas administrativas para exigir una audiencia con el rector. La respuesta de las autoridades —el despliegue de elementos de seguridad privada— escaló rápidamente el conflicto. Testigos relataron que los manifestantes, en su mayoría de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, coreaban consignas contra la «privatización encubierta» de la educación pública, mientras bloqueaban el acceso a los edificios centrales. La movilización, inicialmente pacífica, derivó en enfrentamientos cuando se intentó desalojar a los jóvenes con uso de gas pimienta.

Analistas en educación superior señalan que el malestar en la BUAP refleja un patrón más amplio: el descontento por la falta de transparencia en el manejo de recursos. Un informe reciente del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) destacó que, en los últimos dos años, 7 de cada 10 universidades públicas en México han registrado protestas por problemas similares. En el caso poblano, la gota que derramó el vaso fue la suspensión de 18 becas para posgrados en áreas estratégicas, decisión que los estudiantes calificaron como «un golpe a la excelencia académica».

Para el jueves, las manifestaciones ya habían paralizado el 60% de las actividades en Ciudad Universitaria. Mientras algunos colectivos exigían la renuncia del rector, otros demandaban la creación de una mesa de diálogo con participación de la Secretaría de Educación Pública. La polarización quedó en evidencia cuando un grupo de profesores, en un comunicado público, respaldó las demandas estudiantiles pero condenó los actos de violencia. La BUAP, por su parte, emitió un breve mensaje donde atribuyó los disturbios a «grupos ajenos a la comunidad universitaria», sin ofrecer pruebas.

Lo cierto es que, más allá de los detenidos y las clases suspendidas, el conflicto expuso fisuras profundas: una universidad dividida entre quienes ven en las protestas una defensa legítima de la educación pública y quienes las consideran un obstáculo para la estabilidad institucional. El saldo, por ahora, son aulas vacías y un campus custodiado por policías, mientras las demandas siguen sin respuesta clara.

Enfrentamientos entre estudiantes y policía en Ciudad Universitaria

Los enfrentamientos entre estudiantes y elementos de la policía estatal escalaron este martes en Ciudad Universitaria de la BUAP, cuando cientos de jóvenes intentaron bloquear el acceso principal a las instalaciones. Testigos relataron que los primeros roces comenzaron alrededor de las 10:30 horas, cuando agentes intentaron desalojar a un grupo que portaba mantas con consignas contra el aumento de cuotas. El uso de gases lacrimógenos y porras por parte de las fuerzas de seguridad desató la respuesta de los manifestantes, quienes lanzaron piedras y objetos contundentes desde las barricadas improvisadas con bancas y basureros.

De acuerdo con el informe preliminar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al menos 12 estudiantes fueron detenidos durante los operativos, mientras que tres agentes resultaron con lesiones leves por impacto de proyectiles. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo decenas de jóvenes corrieron entre los edificios de la Facultad de Derecho y la Biblioteca Central para evadir a los uniformados, quienes avanzaban en formación con escudos antimotines. La zona quedó sembrada de cascajos, carteles rasgados y restos de granadas de gas, evidencia del nivel de confrontación.

Analistas en movimientos sociales, como los consultados por el Observatorio de Conflictividad Universitaria, señalan que este tipo de protestas suelen intensificarse cuando las demandas estudiantiles —en este caso, la congelación de pagos y mejoras en infraestructura— no reciben respuesta institucional en un plazo menor a 45 días. La BUAP, por su parte, emitió un comunicado breve donde condenó «los actos de violencia» sin referirse a las peticiones específicas de los alumnos.

El saldo más visible tras los disturbios fue la suspensión inmediata de clases en al menos ocho facultades, decisión que afectó a cerca de 12 mil estudiantes solo en el turno matutino. Mientras brigadas de mantenimiento limpiaban los escombros frente al Auditorio Universitario, grupos de padres de familia se congregaron en las afueras exigiendo garantías de seguridad. Para las 15:00 horas, el campus lucía semivacío, con solo algunos profesores retirando material de sus oficinas bajo custodia de elementos de seguridad privada.

Los 12 detenidos y las acusaciones de uso excesivo de la fuerza

Las 12 personas detenidas durante las protestas en Ciudad Universitaria de la BUAP incluyen a nueve estudiantes, dos trabajadores administrativos y un externo sin vínculo con la institución, según el informe preliminar de la Fiscalía General del Estado. Los manifestantes fueron arrestados bajo cargos de daños a propiedad pública, resistencia a la autoridad y, en tres casos, posesión de objetos incendiarios. Testigos relataron que elementos de la Policía Estatal utilizaron gases lacrimógenos y bastones para dispersar a la multitud, mientras videos difundidos en redes sociales muestran a uniformados arrastrando a jóvenes por el suelo en las inmediaciones de la Facultad de Derecho.

Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, cuestionaron el operativo policial. Un análisis de 47 intervenciones similares en universidades públicas durante 2023 —realizado por el colectivo Observatorio contra la Represión— revela que en el 62% de los casos se registró uso desproporcionado de la fuerza. En esta ocasión, abogados de los detenidos argumentaron que varios estudiantes presentaban lesiones compatibles con golpes de objetos contundentes, aunque las autoridades insistieron en que los protocolos se siguieron «con apego a la ley».

El rector de la BUAP, Alfonso Espinoza Ortiz, confirmó que siete de los arrestados ya enfrentaban procesos disciplinarios previos por participación en protestas de 2022, cuando se exigía la destitución de un director de facultad. Mientras tanto, colectivos estudiantiles denunciaron que al menos cuatro detenidos fueron trasladados a centros de readaptación social sin acceso a asistencia legal inmediata, violando el plazo de 48 horas establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La polémica escaló cuando se filtraron audios de radios policiales donde se ordena «contener sin importar métodos» a los manifestantes que intentaban bloquear la avenida San Claudio. La BUAP anunció una investigación interna, pero el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad exigió la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

Clases suspendidas: cómo afecta a miles de alumnos

La suspensión de clases en Ciudad Universitaria de la BUAP no solo paraliza el ritmo académico: altera la vida de más de 100,000 estudiantes que dependen de horarios fijos, becas condicionadas a asistencia o laboratorios con equipos especializados. Para muchos, cada día sin actividades representa un retraso en investigaciones críticas, prácticas clínicas en facultades como Medicina o proyectos de tesis con fechas límite inamovibles. El impacto se extiende más allá de lo educativo: estudiantes foráneos que rentan cuartos cerca del campus enfrentan gastos fijos sin ingresos, mientras que quienes combinan trabajo y estudio ven truncados sus ingresos diarios.

Datos de la ANUIES revelan que interrupciones como esta pueden generar rezagos de hasta un semestre en carreras con alta demanda de infraestructura, como Ingeniería o Ciencias Químicas. En la BUAP, donde el 68% de la matrícula proviene de municipios aledañas a Puebla capital, el costo del transporte para asistir a clases presenciales —cuando se reanuden— se sumará a la carga económica de familias que ya destinan hasta el 30% de sus ingresos a educación superior.

El efecto dominó también golpea a los 3,200 docentes de la institución. Sin acceso a laboratorios o bibliotecas, investigadores posponen publicaciones en revistas indizadas, lo que afecta métricas de productividad vinculadas a estímulos económicos. En facultades como Arquitectura o Bellas Artes, donde el trabajo presencial con materiales específicos es irremplazable, los alumnos acumulan semanas de prácticas perdidas que no podrán recuperarse con clases virtuales.

Mientras las autoridades universitarias evalúan protocolos para reanudar actividades, colectivos estudiantiles denuncian que la falta de comunicación clara agrava la incertidumbre. Algunos, como los becarios del programa «Jóvenes Construyendo el Futuro», riskan perder apoyos si no justifican sus ausencias con documentos que la BUAP aún no emite.

¿Qué sigue tras la crisis en la máxima casa de estudios?

La suspensión de actividades en Ciudad Universitaria tras los enfrentamientos del martes deja un panorama incierto para los más de 100 mil estudiantes de la BUAP. Aunque las autoridades anunciaron que las clases presenciales se reanudarán el próximo lunes, el clima de tensión persiste. El rector Alfonso Espinoza Ortiz reconoció en conferencia que se evaluarán medidas de seguridad adicionales, pero no detalló cuáles. Mientras tanto, colectivos estudiantiles ya convocaron a nuevas movilizaciones para exigir la liberación de los 12 detenidos.

El conflicto escaló cuando elementos de la policía estatal ingresaron al campus para desalojar a manifestantes que bloqueaban accesos. Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los últimos cinco años los operativos dentro de recintos universitarios han aumentado un 40%, aunque la BUAP había mantenido un perfil bajo en comparacion con otras instituciones. Analistas en educación superior señalan que la intervención policial en campus suele agravar las crisis, como ocurrió en la UNAM en 2000 o en la UdeG en 2018.

Para los académicos, el reto inmediato será recuperar la normalidad sin reprimir el descontento. Algunos profesores ya reportaron que alumnos de facultades como Derecho y Ciencias Sociales organizan asambleas para definir acciones. El sindicato de trabajadores universitarios, por su parte, exigió garantías para evitar represalias contra estudiantes identificados en las protestas.

Fuera de los muros de la BUAP, el tema llegó a la mesa de discusión en el Congreso local. Diputados de Morena y PAN presentaron puntos de acuerdo para mediar en el conflicto, aunque con enfoques opuestos: unos piden investigar el uso excesivo de la fuerza, otros exigen sancionar a los «vándalos» que dañaron instalaciones. La polarización política amenaza con alargar una crisis que, en su núcleo, refleja demandas antiguas: desde becas insuficientes hasta la falta de espacios para el diálogo institucional.

Las protestas en Ciudad Universitaria de la BUAP dejaron más que saldos numéricos: expusieron las tensiones latentes entre estudiantes, autoridades y cuerpos policíacos, donde la suspensión de clases y los 12 detenidos son solo la punta de un conflicto que lleva meses gestándose. La respuesta institucional—entre el uso de la fuerza pública y el silencio administrativo—ha profundizado la desconfianza, mientras colectivos exigen no solo la liberación de los detenidos, sino garantías reales para el diálogo y la seguridad en el campus.

Ante este escenario, la comunidad universitaria enfrenta un momento crítico para organizarse: desde exigir transparencia en los protocolos de actuación policial hasta consolidar redes de apoyo legal para los afectados, la presión coordinada será clave para evitar que la represión se normalice. Lo que ocurra en las próximas semanas no solo definirá el rumbo de la BUAP, sino el precedentes que otras universidades seguirán cuando el descontento estalle.