El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó sin efecto la modalidad 40 IMSS, una decisión que impactará directamente a 1.2 millones de trabajadores afiliados bajo este esquema a partir de 2024. La medida, anunciada sin periodo de transición, elimina un régimen que durante años permitió a patrones registrar a empleados con salarios inferiores a los reales, reduciendo así las cuotas de seguridad social. Empresas de sectores como el comercio, la construcción y los servicios —especialmente pymes— recurrieron a este mecanismo para abaratar costos, aunque a menudo a costa de derechos laborales básicos.
La cancelación de la modalidad 40 IMSS obliga ahora a empleadores y trabajadores a migrar al régimen ordinario, donde las aportaciones se calcularán sobre salarios reales. El cambio no solo redefine las obligaciones patronales, sino que expone a miles de trabajadores a un escenario de incertidumbre: ¿cómo afectará esto sus prestaciones, desde guarderías hasta pensiones? Mientras el gobierno argumenta que la medida busca combatir la evasión y formalizar el empleo, sindicatos y cámaras empresariales ya advierten sobre posibles despidos o reducciones salariales para compensar los mayores costos. La polémica está servida.
El origen de la Modalidad 40 y su impacto en México*
La Modalidad 40 del IMSS surgió en 1997 como un régimen especial para trabajadores independientes, profesionales y pequeños empresarios que buscaban acceder a servicios de salud sin las obligaciones de un patrón. Diseñada para flexibilizar la afiliación, permitió a más de un millón de mexicanos cotizar de manera voluntaria, pagando cuotas reducidas a cambio de cobertura médica básica. Su creación respondió a una necesidad real: en ese momento, cerca del 30% de la población económicamente activa operaba en la informalidad, según datos históricos del INEGI.
El impacto fue inmediato. Para 2010, este esquema ya concentraba a más de 800 mil afiliados, muchos de ellos comerciantes, artesanos o prestadores de servicios que, de otro modo, habrían quedado fuera del sistema de salud público. La Modalidad 40 se convirtió en un puente entre la informalidad y la protección social, aunque con limitaciones: no generaba derechos para pensión ni guarderías, y las cuotas, aunque accesibles, no siempre reflejaban la capacidad económica real de los trabajadores.
Con los años, el régimen enfrentó críticas por su sostenibilidad financiera. Analistas en seguridad social señalaban que las cuotas bajas —que en 2023 oscilaban entre 3 mil y 6 mil pesos anuales— no cubrían el costo real de los servicios médicos, generando un déficit que el IMSS absorbía con recursos de otros regímenes. Aun así, su eliminación en 2024 no solo afecta a los 1.2 millones de afiliados actuales, sino que deja al descubierto la falta de alternativas viables para un sector que sigue dependiendo de la economía informal.
Quienes pierden cobertura y cómo afecta su pensión*
Los trabajadores que perderán cobertura bajo la eliminación de la Modalidad 40 son principalmente aquellos que cotizaron bajo este esquema entre 1997 y 2023. Según datos del IMSS, cerca de 1.2 millones de personas verán modificadas sus condiciones pensionarias, ya que este régimen permitía jubilarse con un monto calculado en función de las últimas 250 semanas cotizadas, un beneficio que desaparece con la transición al sistema de Afore.
El impacto más directo recae en quienes estaban a punto de cumplir los requisitos. Por ejemplo, un trabajador con 240 semanas cotizadas bajo la Modalidad 40 ahora deberá ajustarse a las reglas del sistema de capitalización individual, donde el monto de la pensión depende del saldo acumulado en su cuenta. Esto puede reducir hasta un 30% el ingreso mensual esperado, de acuerdo con estimaciones de especialistas en seguridad social.
También se ven afectados los derechohabientes que ya recibían pensiones bajo este esquema. Aunque el IMSS ha garantizado que no habrá recortes a quienes ya están pensionados, la inflación y la falta de ajustes automáticos podrían erosionar su poder adquisitivo con el tiempo.
La medida obliga a muchos a replantear sus planes de retiro, especialmente a quienes confiaran en un cálculo más favorable. Sin opciones de transición gradual, la adaptación será abrupta.
Alternativas para los trabajadores tras la cancelación*
La eliminación de la Modalidad 40 del IMSS deja a 1.2 millones de trabajadores ante un escenario de incertidumbre, pero no sin opciones. Según datos de la Secretaría del Trabajo, al menos 60% de los afectados podrían transitar hacia el Régimen Obligatorio, siempre que sus empleadores regularicen sus contratos bajo las normas de la Ley Federal del Trabajo. Este cambio implicaría acceso a prestaciones completas, desde servicios médicos hasta pensiones, aunque con un aumento en las cuotas patronales que oscila entre el 20% y 30% del salario base.
Para quienes operaban como independientes bajo esta modalidad, la alternativa más viable es el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) combinado con el seguro facultativo del IMSS. Aunque este esquema exige pagos mensuales directos, permite mantener cobertura médica sin depender de un patrón. Especialistas en derecho laboral señalan que cerca del 25% de los trabajadores en Modalidad 40 ya cumplen con los ingresos para migrar a este sistema sin afectar su liquidez.
Otra ruta es la formalización a través de cooperativas o sociedades mercantiles, figura que algunos sectores —como transportistas y comerciantes— han adoptado para conservar beneficios fiscales sin perder protección social. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha registrado un incremento del 15% en consultas sobre este modelo desde el anuncio de la cancelación.
Quienes no logren ajustarse a estas alternativas podrían recurrir a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o apoyos estatales, aunque con limitaciones en cobertura médica. La decisión final dependerá de la capacidad económica de cada trabajador y la disposición de los empleadores para adaptarse a la nueva normativa.
La desaparición de la Modalidad 40 del IMSS en 2024 deja a 1.2 millones de trabajadores ante un escenario de incertidumbre fiscal y laboral, donde la obligación de cotizar bajo el régimen ordinario implicará mayores costos para empleadores y ajustes forzosos en nóminas. El cambio, aunque busca formalizar empleos y ampliar derechos como pensiones y servicios médicos, expondrá a microempresas y autónomos a presiones financieras inmediatas que podrían traducirse en recortes o informalidad disimulada. Quienes operaban bajo este esquema deben revisar con urgencia sus estructuras de costos, asesorarse con contadores especializados en seguridad social y evaluar alternativas como el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) para mitigar el impacto, antes de que el 1 de enero entre en vigor la nueva normativa. El ajuste no será sencillo, pero su ejecución definirá si el país avanza hacia una protección laboral más sólida o profundiza las brechas entre quienes pueden adaptarse y quienes quedarán al margen.