Doce personas enfrentan ahora un proceso penal en Querétaro tras ser vinculadas a una red de robo de combustibles que operó durante los primeros meses de 2024. La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó que las detenciones y las investigaciones preliminares revelaron una estructura organizada dedicada al desvío ilegal de hidrocarburos, con conexiones en al menos tres municipios de la entidad. Las evidencias recabadas, que incluyen interceptaciones telefónicas y análisis de movimientos bancarios, permitieron desarticular una operación que generaba pérdidas millonarias a Pemex y comprometía la seguridad en zonas rurales y carreteras estatales.

El golpe a esta red no solo representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en la región, sino que refuerza el compromiso de la Fiscalía General del Estado de Querétaro por erradicar delitos que afectan tanto la economía como la estabilidad social. Los implicados, entre ellos presuntos líderes y operadores logísticos, podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión por delitos como robo agravado y delincuencia organizada. El caso subraya la importancia de la coordinación entre autoridades federales y estatales para desmantelar estructuras que, como esta, aprovechan la vulnerabilidad en el transporte y almacenamiento de combustibles.

Operativo conjunto que desmanteló la red en 2024

El golpe contra la red de robo de combustibles en Querétaro llegó en marzo de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinó un operativo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Pemex. La operación, ejecutada en seis municipios simultáneamente, permitió la detención de 18 personas y el aseguramiento de 12 vehículos adaptados para el transporte ilegal de hidrocarburos, incluyendo pipas con compartimentos ocultos.

Datos de la FGE revelan que esta red operaba desde 2022, con pérdidas estimadas para Pemex superiores a los 47 millones de pesos solo en el último año. Los fiscales identificaron un patrón: los implicados utilizaban rutas alternas en la zona sur del estado, donde la vigilancia era menor, para extraer combustible de ductos y distribuirlo en gasolineras clandestinas.

El operativo no se limitó a las detenciones. Agentes incautaron 32 mil litros de diésel y gasolina almacenados en tambos dentro de dos bodegas en El Marqués, así como equipo especializado para perforar oleoductos. Según informes periciales, la red contaba con informantes dentro de Pemex que alertaban sobre los horarios de transporte de combustible.

La estrategia de la FGE incluyó análisis de inteligencia financiera, lo que llevó al bloqueo de 15 cuentas bancarias vinculadas a los detenidos. Esta línea de investigación fue clave para desarticular la estructura económica que sostenía la operación ilegal.

Detalles del esquema: desde ductos hasta distribución ilegal

La red desarticulada operaba con una logística que combinaba perforaciones clandestinas en ductos de Pemex y un sistema de distribución ilegal que abarcaba al menos cinco municipios de Querétaro. Según informes periciales, los implicados utilizaban tuberías de polietileno de alta densidad para desviar el combustible, un método que, de acuerdo con estudios de la Secretaría de Energía, representa el 68% de los robos detectados en el centro del país durante 2023. Las tomas ilegales se realizaban en puntos estratégicos de la red de Pemex, donde el flujo de gasolina y diésel permitía extracciones rápidas y de alto volumen.

El esquema incluía vehículos adaptados con compartimentos ocultos, capaces de transportar hasta 3,000 litros por viaje. Estos camiones, conocidos en el argot como «pipas fantasma», circularon por carreteras estatales con documentos falsos y placas clonadas. La Fiscalía General del Estado confirmó que algunos de los detenidos contaban con conexiones dentro de talleres mecánicos, donde modificaban los tanques de combustible para evadir inspecciones.

La distribución final se llevaba a cabo en gasolineras clandestinas y puntos de venta móviles, donde el combustible robado se comercializaba a precios hasta un 40% inferiores al mercado formal. Testimonios recabados durante la investigación señalan que la red operaba con horarios fijos y rutas preestablecidas, lo que facilitó su rastreo mediante análisis de patrones de tráfico y consumo.

Uno de los hallazgos más reveladores fue el uso de aplicaciones de mensajería encriptada para coordinar las entregas. Las conversaciones interceptadas por la fiscalía demostraron que los operadores empleaban códigos numéricos para referirse a cantidades y ubicaciones, un sistema que, según expertos en crimen organizado, es típico en redes de hidrocarburos con más de dos años de operación.

Impacto en la seguridad y medidas para evitar repetición

El desmantelamiento de esta red de robo de combustibles en Querétaro expone una vulnerabilidad crítica en la cadena de suministro energético. Según datos de la Secretaría de Energía, solo en 2023 se registraron 1,200 tomas clandestinas en ductos de Pemex a nivel nacional, con pérdidas estimadas en más de 3 mil millones de pesos. La operación en el estado demuestra cómo estas estructuras delictivas no solo afectan la economía, sino que ponen en riesgo a comunidades enteras por fugas y explosiones.

La Fiscalía General del Estado implementó un protocolo de coordinación con la Guardia Nacional y Pemex para blindar las zonas de mayor incidencia. Patrulajes aleatorios con tecnología de detección térmica y el monitoreo satelital de ductos han reducido en un 30% los intentos de perforación en los últimos seis meses. Sin embargo, especialistas en seguridad energética advierten que el éxito a largo plazo depende de atacar el financiamiento de estas redes, no solo sus operaciones logísticas.

Entre las medidas concretas destaca la creación de una unidad especializada en delitos contra hidrocarburos, integrada por fiscales con capacitación en análisis de inteligencia financiera. Esta estrategia busca rastrear el destino del combustible robado, que en muchos casos termina en estaciones de servicio piratas o se vende a industrias locales.

El caso de Querétaro también sirvió para reforzar los protocolos de respuesta ante emergencias. Tras el hallazgo de ductos manipulados en municipios como San Juan del Río y El Marqués, se instalaron válvulas de cierre automático y se entrenó a bomberos en manejo de fugas de hidrocarburos.

La experiencia deja claro que la lucha contra el huachicol requiere más que operativos puntuales: exige una reformulación de las políticas de prevención, con participación activa de los tres órdenes de gobierno.

La Fiscalía General de Querétaro dejó claro que el combate al robo de combustibles no es solo retórica: con 12 vinculados a proceso en lo que va de 2024, se confirma que las redes delictivas enfrentan ahora consecuencias jurídicas concretas, desde cargos por delincuencia organizada hasta penas que podrían superar los 20 años de prisión. La estrategia, que combina inteligencia financiera y operativos coordinados con la Guardia Nacional, marca un precedente en una entidad donde el huachicol había operado con relativa impunidad durante años.

Para comunidades y empresarios en zonas de riesgo, el mensaje es directo: reportar actividades sospechosas—como pipas sin placas o movimientos nocturnos en ductos—a través de los canales oficiales (089 para denuncia anónima) puede acelerar la desarticulación de estas células, especialmente ahora que las autoridades priorizan seguimientos con pruebas contundentes. El próximo paso será medir si esta ofensiva legal se traduce en una reducción sostenible del mercado negro de gasolina en la región.