El Zócalo de la ciudad de Oaxaca amaneció este miércoles convertido en un mar de mantas y consignas, con miles de manifestantes bloqueando el corazón histórico por tercer día consecutivo. Las protestas contra la reforma judicial federal, impulsada desde el Palacio Nacional, han paralizado el comercio local, dejado pérdidas millonarias a comerciantes ambulantes y obligado al cierre temporal de al menos 15 negocios establecidos en el perímetro. La movilización, que comenzó con un plantón simbólico el lunes, escaló a barricadas humanas y enfrentamientos verbales con elementos de la Guardia Nacional desplegados en los accesos.

Lo que inició como un rechazo sectorial de abogados y jueces oaxaqueños se transformó en una protesta multitudinaria que rebasó los límites del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, extendiéndose hacia las calles aledañas como Macedonio Alcálá y Flores Magón. El conflicto no solo refleja el descontento local hacia cambios constitucionales percibidos como un ataque a la autonomía estatal, sino que evoca memorias recientes de movilizaciones sociales en la región, como el paro magisterial de 2016. Para los oaxaqueños, el espacio público que hoy ocupan los manifestantes no es solo un punto geográfico: es el escenario donde, una vez más, se dirime la relación entre el poder central y las resistencias comunitarias.

El Zócalo como epicentro histórico de las luchas sociales

El Zócalo de Oaxaca no es solo el corazón geográfico de la ciudad, sino un escenario cargado de siglos de resistencia. Desde la época colonial, cuando los zapotecas y mixtecos se alzaron contra el dominio español, hasta las revueltas magisteriales del siglo XXI, esta plaza ha sido testigo de batallas que redefinieron el rumbo político del estado. Los muros del Palacio de Gobierno, que flanquean el costado oriental, aún conservan las marcas de consignas pintadas durante el movimiento de 2006, cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) mantuvo un plantón de cinco meses que paralizó la capital. La memoria colectiva asocia el lugar con la lucha: según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al menos 12 movimientos sociales masivos han tenido aquí su epicentro en los últimos 50 años.

La elección del Zócalo como punto de concentración no es casual. Su diseño, heredado de la traza novohispana, lo convierte en un espacio simbólico de poder y contrapoder. Mientras las autoridades estatales ocupan los edificios circundantes, los manifestantes toman la plaza para invertir esa dinámica. Durante las protestas de 1977, por ejemplo, campesinos de la Coalición Obrera, Campesina y Estudantil (COCEI) acamparon frente a la catedral durante 40 días, exigiendo la liberación de presos políticos. Hoy, los maestros disidentes repiten el guión: instalan carpas, organizan asambleas y convierten el espacio en una trinchera de debate público.

Historiadores locales señalan que la persistente movilización en el Zócalo responde a una tradición de organización comunitaria única en México. A diferencia de otras plazas públicas —como la del Distrito Federal, donde las marchas suelen ser efímeras—, en Oaxaca las protestas adquieren un carácter casi ritual. Las consignas se heredan, los métodos se replican y hasta los horarios se respetan: las concentraciones masivas suelen iniciar al mediodía, cuando el sol golpea con fuerza sobre los laurelitos centenarios que dan sombra a los manifestantes. Esta continuidad ha convertido al lugar en un archivo vivo de las demandas populares.

El último capítulo de esta historia se escribe estos días, con la reforma judicial como detonante. Pero el escenario es el mismo de siempre: adosado a los portales de la plaza, el quiosco que alguna vez albergó conciertos de banda ahora sirve de tarima para discursos incendiarios. Las paredes, cubiertas de mantas con letreros hechos a mano, repiten un mensaje que trasciende generaciones: en Oaxaca, el Zócalo no se toma, se habita.

Bloqueos, consignas y tensiones en el corazón de Oaxaca

El Zócalo de Oaxaca, epicentro histórico y cultural, se convirtió en un escenario de resistencia. Desde el amanecer del tercer día consecutivo, cientos de manifestantes mantuvieron bloqueados los accesos principales con barricadas de madera, neumáticos quemados y lonas con consignas como «La justicia no se negocia, se defiende». Las calles aledañas, normalmente transitadas por turistas y comerciantes, lucían desiertas, salvo por los grupos organizados que rotaban turnos para sostener la protesta. El olor a humo de las fogatas improvisadas se mezclaba con el sonido de cacerolazos espontáneos, mientras altavoces transmitían discursos en mixteco, zapoteco y español.

La tensión escaló cuando un grupo de aproximadamente 50 elementos de la policía estatal intentó desalojar pacíficamente el área alrededor del Palacio de Gobierno. Testigos relataron forcejeos breves y gritos de «¡Fuera represores!», aunque no se reportaron detenciones. Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al menos 12 manifestantes resultaron con lesiones leves por gases lacrimógenos en los dos primeros días, cifra que podría aumentar si persisten los intentos de desbloqueo. Mientras tanto, los comerciantes del mercado Benito Juárez calculan pérdidas diarias superiores a los 800 mil pesos por el cierre forzado de sus puestos.

Las consignas no solo rechazan la reforma judicial—aprobada la semana pasada por el Congreso local—sino que exigen la renuncia del gobernador por presunta complicidad en la «privatización de la justicia». En asambleas relámpago, líderes comunitarios de la Sierra Norte y la Costa leyeron un pliego petitorio que incluye la liberación inmediata de tres activistas detenidos en 2022, acusados de «sedición». Las paredes del Zócalo amanecieron pintadas con murales que retratan a jueces como títeres de intereses económicos, junto a frases como «Oaxaca no se vende, se ama y se defiende».

El ambiente se volvió más denso al caer la noche. Decenas de mujeres indígenas, vestidas con sus trajes tradicionales y palos en mano, formaron un cordón humano alrededor de las barricadas. «No vamos a permitir que nos quiten lo poco que tenemos», declaró una de ellas a los medios locales, mientras ajustaba su rebozo. El sonido de los tambores y las chirimías de las bandas comunitarias ahogaba cualquier intento de diálogo con las autoridades, que hasta el momento no han ofrecido una respuesta concreta.

Entre los manifestantes circulan versiones de que caravanas de otros estados, como Chiapas y Guerrero, se dirigen a Oaxaca para sumarse. Aunque no hay confirmación oficial, la sola posibilidad ha encendido las alarmas. El Zócalo, testigo de revoluciones y celebraciones, hoy respira aire de incertidumbre, con sus fuentes secas y sus bancos ocupados por mantas que proclaman: «Aquí no se rinde nadie».

Comercios cerrados y transporte afectado por las movilizaciones

El tercer día de protestas contra la reforma judicial dejó al Zócalo de Oaxaca convertido en un escenario de resistencia, pero también de paralización. Los manifestantes, que desde el lunes mantienen bloqueados los accesos principales a la plaza, obligaron al cierre de al menos 80 comercios en el centro histórico, según datos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local. Entre los negocios afectados destacan restaurantes tradicionales, tiendas de artesanías y pequeños ultramarinos, muchos de los cuales dependen del flujo turístico que normalmente transita por la zona.

El transporte público no escapó a las consecuencias. Las rutas de autobuses urbanos que suelen cruzar por el primer cuadro de la ciudad modificaron sus trayectos, dejando a cientos de usuarios varados en paradas alternas. La línea 5, que conecta el Zócalo con la Central de Abastos, suspendió su servicio en un 60% durante las horas pico, mientras que los taxis optaron por evitar la zona para esquivar los congestionamientos generados por las barricadas improvisadas con llantas y estructuras metálicas.

Analistas en movilidad urbana advierten que, de extenderse los bloqueos, el impacto económico podría agravarse. Un estudio de 2023 sobre protestas sociales en ciudades patrimoniales, como Oaxaca, reveló que cada día de paralización en el centro histórico representa pérdidas de hasta 12 millones de pesos para el sector comercial y de servicios. La cifra considera no solo las ventas no realizadas, sino también los costos logísticos adicionales para reabastecer inventarios en medio de las restricciones de acceso.

Mientras los organizadores insisten en que las movilizaciones continuarán hasta obtener una respuesta del gobierno federal, algunos locatarios intentan adaptarse. Vendedores ambulantes, por ejemplo, trasladaron sus puestos a calles aledañas como Macedonio Alcalá o Independencia, donde el paso de transeúntes sigue siendo constante. Otros, en cambio, optaron por cerrar temporalmente, colgando carteles con leyendas como «Cerrado por protestas» o «Volvemos cuando se normalice la situación».

La afectación al transporte también se hizo evidente en los servicios turísticos. Operadores de tours cancelaron recorridos por el centro, y guías certificados reportaron la suspensión de al menos 15 visitas guiadas programadas para este miércoles. La situación contrastó con la afluencia habitual en estas fechas, cuando el Zócalo suele ser punto de partida para rutas culturales hacia Monte Albán o los pueblos artesanales de los Valles Centrales.

Las demandas concretas detrás de la protesta judicial

El grito de «¡Nada de impunidad!» resonó entre las columnas del Palacio de Gobierno mientras miles de manifestantes desplegaban mantas con consignas precisas. Las demandas no son abstractas: exigen la anulación de los artículos 17 y 19 de la reforma judicial aprobada el pasado 12 de octubre, que —según análisis de la Red Nacional de Abogados Indígenas— reduciría en un 40% los recursos para juzgados comunitarios en regiones como la Sierra Norte. Estos tribunales, que resuelven conflictos bajo sistemas normativos indígenas reconocidos por la Constitución, quedarían subordinados a criterios federales, lo que los manifestantes denuncian como un «desmantelamiento encubierto» de su autonomía.

Entre los carteles, uno destacaba con letras rojas: «Sin consulta previa, no hay reforma legítima». El reclamo apunta al incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, ratificado por México en 1990, que obliga a consultar a pueblos originarios antes de aprobar leyes que afecten sus derechos. La protesta no es solo jurídica, sino histórica: en Oaxaca, donde el 65% de los municipios se rigen por usos y costumbres, la reforma se interpreta como un ataque directo a siglos de autogobierno. Abogados zapotecas y mixtecos, entrevistados en el lugar, señalaron que la modificación eliminaría la figura de los «topiles» (autoridades comunitarias), reemplazándolos por jueces letrados ajenos a las dinámicas locales.

La tercera demanda concreta —y quizá la más urgente— es la liberación de 12 defensores territoriales detenidos en los últimos seis meses bajo cargos que organizaciones como Amnistía Internacional han calificado de «criminalización de la protesta». Entre ellos figura un líder chinanteco acusado de «sedición» por oponerse a un proyecto minero en la Cuenca del Papaloapan. Los manifestantes exigen que se retire la figura de «delitos contra el Estado» introducida en el nuevo Código Penal local, que, según datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido usada en el 78% de los casos para perseguir a activistas sociales en el estado.

Las consignas también incluyen la creación de una fiscalía especializada en delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos, una petición que cobró fuerza tras el asesinato de tres comunicadores en la región en lo que va del año. Mientras el humo de los copales —usados en ceremonias tradicionales— se mezclaba con el olor a gas lacrimógeno, un grupo de mujeres mazatecas coreaba: «La justicia no se negocia, se ejerce». El Zócalo, convertido en un campamento de resistencia, dejó claro que las demandas van más allá de enmiendas legales: son un llamado a redefinir el poder judicial desde las raíces comunitarias.

Gobierno estatal y manifestantes: ¿hay espacio para el diálogo?

El enfrentamiento entre el gobierno estatal y los manifestantes en el Zócalo de Oaxaca ha escalado hasta convertirse en un pulso político que va más allá de la reforma judicial. Mientras miles de personas mantienen bloqueados los accesos al corazón histórico de la ciudad por tercer día consecutivo, las autoridades insisten en que las movilizaciones violan disposiciones legales sobre el uso del espacio público. Sin embargo, analistas políticos —como los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM</em— señalan que el 68% de las protestas masivas en México durante la última década logran avances en sus demandas cuando el Estado opta por mesas de diálogo en lugar de represión. La pregunta ahora no es si hay voluntad de negociar, sino quién cederá primero.

Desde el Palacio de Gobierno, las declaraciones han sido frías y técnicas: se habla de «restablecer el orden» y «garantizar la libre circulación». Pero en las calles, entre mantas y consignas, el discurso es otro. Los líderes de las organizaciones civiles exigen que el gobernador acuda personalmente al Zócalo, no solo para escuchar, sino para firmar acuerdos vinculantes. La distancia entre ambas posturas se mide en metros —los que separan el edificio oficial de la plaza tomada— y en confianza, un recurso más escaso que el agua en temporada de estiaje.

Históricamente, Oaxaca ha sido escenario de negociaciones que nacen de la presión callejera. En 2006, el conflicto magisterial solo encontró salida después de que el entonces gobierno federal enviara a una comisión de alto nivel para dialogar in situ. Hoy, sin embargo, el contexto es distinto: la reforma judicial en disputa toca fibras sensibles para ambos bandos. Para las autoridades, retroceder significaría admitir debilidad institucional; para los manifestantes, claudicar sería traicionar a las bases que los respaldan. El margen de maniobra se reduce a medida que pasan las horas y el Zócalo sigue convertido en un campamento de resistencia.

Quedan dos opciones sobre la mesa, aunque ninguna es sencilla. La primera, que el gobierno acepte sentarse a negociar sin condiciones previas, arriesgándose a que las demandas se multipliquen. La segunda, que las fuerzas de seguridad desalojen la plaza por la vía coercitiva, con el costo político y social que eso implica. Entre una y otra, hay un tercer camino que pocos mencionan pero muchos intuyen: que la tensión se prolongue hasta que el cansancio —de uno u otro lado— imponga su propia lógica. Mientras tanto, Oaxaca respira aire de incertidumbre, con un Zócalo que ya no es solo un símbolo de identidad, sino un ring donde se dirime el futuro inmediato de la entidad.

El Zócalo de Oaxaca se ha convertido en el epicentro de un descontento que trasciende las demandas inmediatas contra la reforma judicial, revelando la profundidad de las tensiones entre la ciudadanía y las instituciones. Tres días de movilizaciones masivas, con bloqueos que paralizaron el corazón histórico de la ciudad, dejan claro que el conflicto no es solo legal, sino un reflejo de la desconfianza acumulada hacia un sistema que muchos perciben como alejado de sus necesidades.

Ante la escalada, las autoridades locales enfrentan un desafío urgente: garantizar canales de diálogo transparentes que eviten la represión y, al mismo tiempo, desactivar la polarización antes de que derive en mayores confrontaciones. La sociedad civil, por su parte, debería exigir que cualquier negociación incluya mecanismos de rendición de cuentas claros y verificables.

Lo que ocurra en las próximas horas en Oaxaca podría marcar un precedente no solo para el estado, sino para el resto del país, donde el hartazgo social busca salidas más allá de las calles.