El 15 de mayo quedó marcado en rojo en el calendario colombiano. Más de 500.000 personas inundaron las calles de Bogotá, Medellín, Cali y otras 30 ciudades, según cifras de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la mayor movilización laboral de la última década. Con consignas como «Sin derechos no hay paz» y banderas sindicales ondeando bajo el sol, los manifestantes paralizaron sectores clave: puertos, transporte público y hasta cadenas de supermercados cerraron sus puertas en apoyo. La demanda era clara: un código laboral que refleje la realidad de un país donde el 48% de los trabajadores opera en la informalidad y el salario mínimo no cubre ni la mitad de la canasta básica.

La fecha no fue casual. El 15 de mayo se convirtió en el punto de ebullición de un malestar acumulado: la reforma laboral prometida por el gobierno de Gustavo Petro lleva 18 meses estancada en el Congreso, mientras los índices de desigualdad siguen batiendo récords en la región. Para los jóvenes que ingresan al mercado con contratos por horas y sin prestaciones, o para las mujeres que ganan un 27% menos que sus pares hombres en el mismo puesto, la protesta dejó de ser una opción para volverse una necesidad. Las redes sociales ardieron con videos de trabajadores de la salud y maestros —dos de los gremios más afectados— coreando el mismo reclamo: que las promesas de campaña se traduzcan en leyes, no en discursos.

El descontento que llevó a Colombia a las calles

El estallido social del 15 de mayo no fue un hecho aislado, sino la culminación de meses de frustración acumulada. Desde finales de 2023, los sindicatos y organizaciones civiles venían alertando sobre el deterioro de las condiciones laborales, con un 42% de los trabajadores colombianos, según datos de la OCDE, en empleos informales sin acceso a seguridad social ni estabilidad. La gota que rebasó el vaso llegó con el anuncio de reformas tributarias que, en la práctica, recargaban la presión sobre la clase media y los asalariados, mientras las grandes empresas mantenían beneficios fiscales intactos.

Las calles de Bogotá, Medellín y Cali ardieron con consignas que iban más allá de lo económico. El descontento se alimentó de casos concretos: el cierre de fábricas en el Valle del Cauca sin indemnizaciones justas, los recortes salariales en el sector salud —donde enfermeras denunciaban jornadas de 18 horas por sueldos que no superaban el mínimo— y la precarización de los contratos en plataformas digitales, donde repartidores ganaban menos de $3.000 pesos por entrega. Analistas laborales señalan que, aunque el gobierno destacaba cifras macroeconómicas positivas, el crecimiento no se traducía en bienestar para la mayoría.

El hartazgo también tuvo rostro joven. Estudiantes universitarios y recién graduados, con títulos en mano pero sin oportunidades, se sumaron a las marchas. En ciudades como Bucaramanga, colectivos denunciaban que el 60% de los egresados tardaba más de un año en conseguir empleo formal, y cuando lo lograba, era bajo modalidades de «contratos por horas» que eludían prestaciones básicas. Las redes sociales amplificaron testimonios virales: desde ingenieros trabajando como motorizados hasta abogadas en call centers, todos bajo el mismo lema: «¿Estudiamos para esto?».

La chispa final prendió cuando, a principios de mayo, se filtró un documento interno del Ministerio de Trabajo que proponía flexibilizar aún más el despido sin causa justificada y reducir las indemnizaciones. Aunque el gobierno desmintió que fuera una medida inminente, el daño estaba hecho. Gremios como la CUT y la CNS convocaron a un paro nacional que, en menos de 72 horas, reunió a más de 800.000 personas en 30 ciudades. No era solo una protesta: era un grito contra un modelo que, para muchos, ya no daba más.

Las demandas clave detrás de las marchas del 15 de mayo

Las calles de Bogotá, Medellín y Cali se llenaron de consignas que resonaron con una claridad inusual: el 72% de los colombianos considera que las condiciones laborales actuales son «precarizadas o injustas», según datos de la última Encuesta de Percepción Laboral realizada por la Universidad Nacional. Ese malestar se materializó en cinco demandas centrales que unificaron a sindicatos, estudiantes y trabajadores informales bajo una misma bandera. La primera, y más urgente, fue el aumento del salario mínimo a un equivalente del 50% del costo de la canasta básica familiar —una brecha que hoy supera los $300.000 pesos mensuales para el 40% de los hogares.

El rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno en marzo ocupaba carteles y pancartas con letras rojas. Los manifestantes señalaban que el proyecto, lejos de proteger los derechos, flexibilizaba las jornadas hasta 60 horas semanales sin compensación proporcional y debilitaba la estabilidad laboral para contratos temporales. Sectores como el de la salud y la educación, donde el 68% de los trabajadores opera con contratos por prestación de servicios, fueron los más visibles en las marchas.

Otra demanda cruzaba lo económico con lo social: la ratificación del Convenio 190 de la OIT contra el acoso laboral, especialmente para mujeres y poblaciones LGBTQ+. Organizaciones como la Mesa por la Vida y la Paz documentaron un aumento del 30% en denuncias por discriminación en espacios de trabajo durante 2023, cifras que las protestas buscaban visibilizar con performances callejeros y testimonios en vivo.

La informalidad, que afecta al 47% de la fuerza laboral según el DANE, también tuvo su espacio. Cooperativas de recicladores, vendedores ambulantes y conductores de plataformas digitales exigieron un marco legal que reconozca sus derechos a seguridad social y pensiones, sin los vacíos que hoy los dejan en la vulnerabilidad. Sus consignas, coreadas entre pitazos, recordaban que detrás de los porcentajes hay rostros: el de doña Marta, recicladora de 58 años sin acceso a salud, o el de Javier, repartidor con tres accidentes no cubiertos por su «empleador» algorítmico.

Por último, la juventud llevó al debate la crisis del primer empleo. Con una tasa de desempleo juvenil que roza el 20% —casi el doble del promedio nacional—, los estudiantes universitarios y técnicos demandaron programas de vinculación laboral con salarios dignos y sin explotación de pasantías no remuneradas, un fenómeno normalizado en sectores como el comunicaciones y el derecho.

Cómo se vivió la jornada de protesta en Bogotá y Medellín

Bogotá amaneció con las calles tomadas por miles de manifestantes que, desde las primeras horas, convirtieron la Plaza de Bolívar en epicentro de consignas y pancartas. La movilización, convocada por centrales obreras y movimientos sociales, avanzó con bloqueos parciales en la Carrera Séptima y la Avenida Jiménez, donde los gritos de «¡Trabajo digno ya!» resonaban entre el bullicio de cacerolazos. Aunque la Policía reportó incidentes aislados en Chapinero —con dos detenidos por daños a propiedad pública—, el grueso de la protesta transcurrió sin mayores confrontaciones. Lo que sí llamó la atención fue la participación de jóvenes universitarios, que sumaron sus voces a las demandas tradicionales de los sindicatos, especialmente en torno a la precarización laboral que afecta al 42% de los colombianos menores de 28 años, según datos de la última Encuesta Nacional de Ocupación.

En Medellín, el panorama fue distinto. La protesta arrancó con marchas concentradas en el Parque de Bolívar, pero pronto se extendió hacia el centro de la ciudad, donde comercios bajaron sus cortinas por precaución. A diferencia de la capital, aquí los organizadores optaron por una estrategia de «paros móviles»: grupos pequeños se desplazaban por sectores como El Poblado y Laureles, interrumpiendo el tráfico durante 15 o 20 minutos antes de replegarse. Analistas locales destacaron esta táctica como un intento por evitar la represión policial, aunque no faltaron roces cuando algunos manifestantes intentaron tomar la Autopista Sur. La Alcaldía desplegó un operativo con 1.200 uniformados, pero la jornada cerró sin saldos trágicos, aunque con el registro de tres heridos leves por gases lacrimógenos.

Mientras en Bogotá las consignas se enfocaron en la reforma laboral, en Medellín el descontento también abarcó temas como el costo de vida y el transporte público. En la Comuna 13, por ejemplo, vecinos se unieron a la marcha coreando contra el alza en las tarifas de Metroplús, que en lo que va del año han subido un 12%. La diferencia entre ambas ciudades quedó clara: donde la capital vivió una protesta masiva y centralizada, la segunda ciudad del país optó por acciones dispersas pero igual de contundentes.

Al caer la noche, el balance fue desigual. En Bogotá, las organizaciones convocantes declararon la jornada como un «éxito de movilización pacífica», mientras que en Medellín algunos colectivos criticaron la falta de adhesión de sectores medios. Lo único común: la exigencia de que el gobierno de Petro acelere las mesas de diálogo sobre empleo, un reclamo que, según observadores del conflicto social, ya no admite más dilaciones.

El impacto económico de paralizar ciudades enteras

Cuando Bogotá, Medellín y Cali amanecieron con calles bloqueadas y transporte público suspendido el 15 de mayo, el país no solo enfrentó una crisis social, sino un golpe económico calculado en minutos. Según estimaciones de la Andrés Bello, cada hora de paralización en las tres principales ciudades le cuesta a Colombia cerca de $12.500 millones de pesos en producción perdida, una cifra que se disparó mientras los manifestantes exigían reformas al código laboral ante un Congreso aún dividido. Los pequeños comercios, dependientes del flujo diario de clientes, fueron los primeros en resentir el impacto: panaderías con hornos apagados a media mañana, mercados informales desiertos y taxistas varados en puntos de encuentro improvisados, sin pasajeros ni plataformas digitales que respondieran.

El sector formal tampoco escapó ileso. Empresas de logística reportaron retrasos de hasta 48 horas en entregas críticas, mientras que fábricas en zonas industriales como el Valle de Aburrá redujeron turnos por la imposibilidad de mover materia prima. Un informe de la Cámara de Comercio de Bogotá revelaba que, en protestas similares de 2021, el 68% de las pymes consultadas tuvieron que recortar nóminas temporales para compensar pérdidas. Esta vez, con la inflación aún por encima del 9% anual, el margen de maniobra es aún más estrecho.

El turismo, uno de los pocos rubros en recuperación postpandemia, sufrió un revés inmediato. Hoteles en el centro de Cartagena cancelaron reservas masivas ante alertas de violencia, y aerolíneas como Avianca suspendieron vuelos internos por cierre de vías hacia el aeropuerto El Dorado. Mientras los organizadores de las marchas insistían en que las reformas laborales evitarían crisis futuras, analistas del Banco de la República advertían que cada día de paralización nacional restaba al menos 0.15 puntos al crecimiento trimestral del PIB.

Lo más paradójico, quizás, es que quienes más sufren las consecuencias económicas no siempre son los mismos que toman las decisiones. En barrios populares de Soacha o Ciudad Bolívar, donde el trabajo informal supera el 50%, un día sin ventas equivale a comidas saltadas y deudas acumuladas. Mientras tanto, en los pisos altos de la Bolsa de Valores, las acciones de empresas con operaciones internacionales —como Ecopetrol o Bancolombia— amortiguaban el golpe gracias a mercados externos. La brecha, una vez más, se hizo visible en tiempo real.

¿Qué sigue después de la movilización histórica?

La movilización del 15 de mayo no fue un grito aislado, sino el inicio de una presión sostenida. Sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya anunciaron un cronograma de acciones que incluye paros sectoriales escalonados en junio, con el sector salud y la educación pública como primeros en sumarse. La estrategia apunta a mantener viva la demanda central: una reforma laboral que revierta la precarización que afecta al 58% de los trabajadores colombianos, según datos de la OCDE para 2023. No se trata solo de salarios, sino de derechos básicos como la estabilidad y la protección social, temas que el gobierno de Petro ha prometido abordar pero sin avances concretos hasta ahora.

El ejecutivo enfrenta ahora un dilema político. Por un lado, las bases sociales exigen respuestas inmediatas; por otro, el Congreso muestra resistencia a aprobar cambios estructurales en medio de tensiones con el sector privado. Analistas laborales señalan que el margen de maniobra es estrecho: cualquier reforma que no incluya a los gremios empresariales corre el riesgo de ser bloqueada o diluida, como ocurrió con el intento fallido de 2022.

Mientras tanto, en las calles, el movimiento se reorganiza. Asambleas populares en ciudades como Medellín y Cali ya discuten cómo trasladar la protesta a instancias legales, desde tutelas masivas hasta la presentación de proyectos de ley ciudadanos. La consigna «Sin derechos no hay paz» resonó en las marchas, pero ahora debe traducirse en mecanismos de incidencia real.

El próximo hito será la mesa de diálogo convocada para el 22 de mayo entre el Ministerio de Trabajo y las centrales obreras. Allí se definirá si el gobierno cede a la presión con gestos simbólicos o si, por primera vez en décadas, Colombia avanza hacia un modelo laboral que priorice la dignidad sobre la flexibilidad.

El 15 de mayo quedó marcado como un punto de inflexión en Colombia, donde miles de voces se unieron en las calles para exigir lo que el papel de las leyes lleva años ignorando: condiciones laborales dignas, salarios que alcancen para vivir y un sistema que deje de precarizar el trabajo. Las movilizaciones no fueron solo un grito de indignación, sino un recordatorio contundente de que la presión social puede acelerar cambios que los despachos políticos posponen, como la reforma al Código Sustantivo del Trabajo o la regulación de plataformas digitales que explotan la informalidad.

Mientras el gobierno analiza respuestas, el desafío inmediato es traducir la energía callejera en propuestas concretas, con mesas de diálogo que incluyan a sindicatos, trabajadores informales y pequeños empresarios—no solo a los grandes gremios. Lo que sigue después del 15 de mayo no será un retorno a la calma, sino la prueba de si Colombia elige reparar su modelo laboral o esperar a que la próxima ola de protestas sea aún más fuerte.