Doce manifestantes terminaron tras las rejas y el caos vial paralizó el centro de la ciudad tras las protestas registradas ayer en la calle 5 de Febrero, donde cientos de personas se congregaron para exigir respuestas a demandas sociales pendientes. Las imágenes muestran enfrentamientos con elementos de seguridad, vehículos bloqueando cruces clave y comercios cerrando sus cortinas metálicas antes de lo habitual. El saldo: pérdidas económicas para negocios locales, retrasos de hasta tres horas en el transporte público y un operativo policial que se extendió hasta altas horas de la noche.
La calle 5 de Febrero, arteria vital que conecta la zona financiera con barrios residenciales, se convirtió en el epicentro de un conflicto que trasciende lo coyuntural. Para los capitalinos, el incidente no es solo otro episodio de descontento, sino un recordatorio de cómo las movilizaciones masivas pueden desestabilizar la rutina urbana en cuestión de minutos. Mientras las autoridades evalúan medidas para evitar repeticiones, los afectados—desde taxistas hasta empleados de oficina—exigen soluciones que vayan más allá de los comunicados oficiales y los operativos de contención.
De una avenida histórica a punto neurálgico de tensiones
La Calle 5 de Febrero no es solo una vía más en el centro de la ciudad. Inaugurada en 1892 como parte del plan urbanístico porfiriano, esta avenida de casi tres kilómetros ha sido testigo de desfiles militares, celebraciones patrias y, en las últimas décadas, de las pulsiones sociales más urgentes. Su trazado recto, flanqueado por edificios de estilo afrancesado y comerciantes ambulantes, la convirtió desde siempre en un escenario simbólico: aquí se concentran el poder político, el comercio informal y la memoria histórica en un mismo espacio.
Urbanistas señalan que el 68% de las manifestaciones masivas en la capital durante los últimos cinco años han utilizado esta ruta como punto de partida o llegada. La razón es práctica: conecta la Plaza de la Constitución con colonias populares, pero también simbólica. «Es el kilómetro cero de las demandas ciudadanas», explicó un investigador del Colegio de México en un estudio sobre espacios públicos y conflicto social.
El asfalto gastado por siglos de tranvías, automóviles y pies cansados ahora soporta otro tipo de peso. Desde 2018, los comercios aledañas reportan pérdidas de hasta un 40% en días de protestas, según datos de la Cámara Nacional de Comercio. Las rejas metálicas bajadas a media tarde, los grafitis que se superponen semana tras semana y el olor a gas lacrimógeno mezclado con el de los elotes de la esquina son la nueva normalidad.
Lo que antes era un paseo dominical para familias —con helados de garrafa y fotógrafos callejeros— se transformó en un corredor vigilado. Las cámaras de seguridad instaladas en 2021 no disuaden, solo documentan. La avenida ya no es solo historia grabada en placas de bronce; es un termómetro social que sube de temperatura con cada consigna coreada.
Caos entre gases lacrimógenos y consignas a gritos
El aire en la Calle 5 de Febrero se volvió irrespirable poco después de las 16:00 horas. Decenas de manifestantes, encapuchados en su mayoría, avanzaron desde el Monumento a la Revolución hacia el centro de la ciudad, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban barreras metálicas. Los primeros gases lacrimógenos estallaron cerca de la esquina con Eje Central, dispersando a los grupos que coreaban consignas contra el aumento al transporte público. Testigos relataron cómo el humo blanco se mezcló con el olor a pólvora, obligando a comerciantes a cerrar sus puertas y a transeúntes a cubrirse el rostro con pañuelos.
Organizaciones civiles documentaron al menos 12 detonaciones de granadas de gas en un lapso de 20 minutos. Según un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos local, el 68% de los casos de uso de fuerza en protestas urbanas durante 2023 involucraron gases lacrimógenos como primer recurso, antes incluso de negociaciones con los manifestantes.
Entre los gritos de «¡No es protesta, es resistencia!» y el estruendo de las botellas de plástico golpeando el asfalto, un grupo de jóvenes intentó tomar una patrulla abandonada cerca de la estación Juárez del Metro. La respuesta fue inmediata: una lluvia de proyectiles no letales desde el lado opuesto de la calle. El caos se extendió hasta la Avenida Juárez, donde automovilistas varados tocaban el claxon en medio del humo, sin poder avanzar ni retroceder.
Mientras los detenidos eran trasladados en camiones del Escuadrón Antimotines, algunos manifestantes lograron replegarse hacia calles laterales. Quedaron atrás carteles rotos, basura incendiada en contenedores y el eco de las consignas ahogado por las sirenas de las ambulancias que atendían a los afectados por los gases.
¿Qué sigue para el comercio y los vecinos tras el bloqueo?
El cierre de la Calle 5 de Febrero por más de seis horas dejó pérdidas económicas inmediatas para los comercios locales. Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, cada hora de bloqueo en vías principales puede representar hasta un 15% de reducción en ventas para los negocios afectados. Los restaurantes y tiendas de abarrotes, que dependen del flujo constante de clientes, fueron los más golpeados.
Mientras los dueños de negocios evalúan los daños, los vecinos exigen soluciones concretas. Algunos residentes reportaron haber perdido horas de trabajo al quedar atrapados en el caos vehicular, mientras que otros criticaron la falta de aviso previo por parte de las autoridades.
El gobierno local anunció que revisará los protocolos de seguridad para protestas en zonas comerciales, aunque no precisó plazos. Por ahora, los afectados solo pueden esperar que las próximas manifestaciones no repitan el mismo escenario.
Organizaciones civiles ya plantean mesas de diálogo con comerciantes y autoridades. El objetivo: establecer rutas alternativas y mecanismos de alerta temprana que mitiguen el impacto en futuras movilizaciones.
Las protestas en la Calle 5 de Febrero dejaron al descubierto no solo las tensiones sociales que persisten en la zona, sino también la fragilidad de una infraestructura urbana ya de por sí saturada, donde el colapso vial se convirtió en el reflejo más visible de un conflicto que trasciende el asfalto. Con doce detenidos y comercios afectados por horas de bloqueo, el saldo evidencia que las movilizaciones espontáneas exigen respuestas más ágiles—tanto de las autoridades como de los ciudadanos—para evitar que la indignación legítima derive en caos logístico y pérdidas económicas evitables.
Ante la recurrencia de estos eventos, los capitalinos harían bien en monitorear canales oficiales y alternativas de movilidad en tiempo real, como las alertas de la Secretaría de Movilidad o apps como Waze, que permiten esquivar zonas críticas sin depender de rutas habituales. Mientras tanto, la calle que alguna vez fue símbolo de la resistencia histórica del país vuelve a ser escenario de un pulso entre demanda social y orden público, cuyo próximo capítulo dependerá menos de los lemas gritados y más de las mesas de diálogo que aún no terminan de convocarse.