La presión en la frontera norte de México alcanzó un nivel crítico esta semana: más de 15.000 migrantes —en su mayoría centroamericanos, pero también venezolanos, haitianos y cubanos— se concentran en ciudades como Tijuana, Mexicali y Reynosa, esperando cruzar a Estados Unidos. Las imágenes de familias durmiendo en calles, colas interminables frente a albergues saturados y el hashtag #WelcomeAlNorte trending en redes pintan un escenario que las autoridades no pueden ignorar. Solo en Matamoros, las solicitudes de asilo se dispararon un 300% en cinco días, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
El fenómeno no es nuevo, pero la velocidad del último flujo migrante ha tomado por sorpresa incluso a organizaciones acostumbradas a la crisis. Mientras gobiernos estatales declaran emergencias sanitarias y activan protocolos de contingencia, colectivos civiles redoblan esfuerzos bajo la consigna WelcomeAlNorte, ofreciendo comida, atención médica y orientación legal. Lo que ocurre hoy en la frontera no es solo una noticia más: es un termómetro de las rutas migratorias en 2024, donde la desesperación por escapar de la violencia y la pobreza choca con políticas cada vez más restrictivas. La pregunta que nadie responde —pero todos sienten— es hasta cuándo resistirá el sistema.
El éxodo que satura los albergues fronterizos
Los albergues en la frontera norte operan al límite. Solo en Tijuana, la capacidad de atención se ha visto superada en un 140%, según datos de organizaciones civiles que monitorean el flujo migratorio. Colchonetas en los pasillos, familias apiñadas bajo techos de lona y listas de espera que se alargan por días pintan un escenario crítico. Muchas instalaciones, diseñadas para albergar a 200 personas, ahora reciben a más de 500, con recursos que no dan abasto para cubrir necesidades básicas como agua potable o servicios sanitarios.
El colapso no es uniforme, pero sí generalizado. Mientras algunos refugios en Mexicali logran redistribuir a los recién llegados hacia centros temporales, en ciudades como Nogales la saturación ha obligado a habilitar espacios improvisados en estacionamientos y almacenes desocupados. Autoridades locales reportan que, en los últimos cinco días, al menos 3 de cada 10 migrantes llegan con síntomas de deshidratación o infecciones respiratorias, agravadas por las largas caminatas bajo el sol del desierto.
La presión recae, sobre todo, en los voluntarios. Grupos de apoyo denuncian la falta de coordinación entre gobiernos estatales y federales para gestionar la crisis. «No es solo cuestión de espacio, sino de logística», advirtió un representante de una ONG especializada en migración durante una rueda de prensa. La escasez de medicamentos, la demora en los trámites de regularización y la ausencia de protocolos claros para menores no acompañados profundizan el caos.
Entre los recién llegados, predominan familias hondureñas y guatemaltecas, aunque también se observa un incremento de venezolanos y haitianos. Muchos llegan con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos, pero el endurecimiento de las políticas migratorias los deja varados en territorio mexicano, sin opciones claras.
Rutas peligrosas y el precio de llegar a Tijuana
El camino hacia Tijuana no es una línea recta en el mapa, sino un laberinto de rutas donde el peligro acecha en cada curva. Migrantes que huyen de la violencia en Michoacán o la pobreza en Honduras enfrentan secuestros, extorsiones y asaltos en puntos críticos como la carretera de Veracruz a Tamaulipas, donde grupos criminales controlan tramos enteros. Según informes de organizaciones de derechos humanos, al menos 3 de cada 10 personas en tránsito sufren algún tipo de violencia durante el trayecto.
La red del tren conocido como La Bestia sigue siendo una opción desesperada, a pesar de los riesgos. En 2023, médicos sin frontera documentaron más de 200 casos de migrantes con amputaciones o fracturas graves por caídas durante el viaje. Muchos optan por pagar a «coyotes» que prometen seguridad, pero terminan abandonados en el desierto de Sonora o entregados a bandas.
El último tramo, desde Mexicali hasta Tijuana, se ha convertido en un cuello de botella. Aquí, las autoridades migratorias desplegadas bajo el operativo Guardia Nacional interceptan a cientos diariamente, mientras los traficantes exigen hasta $5,000 dólares por persona para cruzar la línea en zonas menos vigiladas. El precio por llegar no se mide solo en dinero.
Algunos logran burlar los controles. Otros, como los 12 guatemaltecos rescatados la semana pasada de una casa de seguridad en Tecate, pagan con semanas de cautiverio.
Entre la esperanza y el limbo: qué espera a los recién llegados
El cruce hacia el norte no marca el final del camino, sino el inicio de una espera incierta. Para los más de 15.000 migrantes que llegaron en la última semana, la frontera se convierte en un espacio de contradicciones: por un lado, el alivio de haber dejado atrás la violencia o la pobreza extrema; por otro, la burocracia migratoria que puede extenderse meses. Según datos de organizaciones de derechos humanos, cerca del 60% de los solicitantes de asilo en esta zona esperan más de cuatro meses solo para la primera entrevista.
Los albergues temporales, saturados, ofrecen un techo pero no respuestas. Entre colchones dispuestos en el suelo y baños compartidos, las familias revisan una y otra vez los papeles que podrían —o no— garantizarles un permiso de trabajo. Algunos, como los haitianos que huyeron del caos en Puerto Príncipe, enfrentan barreras lingüísticas que ralentizan aún más el proceso.
Fuera de los centros de recepción, el limbo adquiere otra forma: calles donde el trabajo informal es la única opción mientras las autoridades deciden su futuro. Vendedores ambulantes, jornaleros en construcción o limpieza de autos mal pagados se multiplican. La esperanza, sin embargo, persiste en los murmullos sobre «el papel que falta» o «el abogado que prometió ayudar».
Para muchos, el verdadero desafío comienza cuando el sistema los clasifica no como refugiados, sino como migrantes económicos —una distinción que, en la práctica, puede significar la diferencia entre un permiso temporal y la deportación.
La llegada de más de 15.000 personas en menos de una semana a la frontera norte no es solo una cifra: refleja la urgencia de un fenómeno migratorio que exige respuestas coordinadas entre gobiernos, organizaciones civiles y comunidades locales. Mientras las autoridades ajustan protocolos de recepción, la presión sobre albergues y servicios básicos en ciudades como Tijuana o Mexicali evidencia la necesidad de actuar con rapidez y recursos claros. Para quienes buscan apoyar, canalizar donaciones a redes verificadas—como el Grupo Beta o la Cruz Roja—y evitar la desinformación resulta más útil que las acciones espontáneas. El desafío que viene no será manejar solo este flujo, sino prepararse para los próximos, cuando las rutas migratorias sigan reconfigurándose con la misma intensidad.