El 12 de octubre de 2024 marcará un récord en la fractura política española: 17 capitales, entre ellas Barcelona, Valencia y Zaragoza, han cancelado los actos institucionales por la Fiesta Nacional, el doble que en 2023. La decisión, impulsada por gobiernos municipales de izquierdas y nacionalistas, deja al descubierto una brecha que ya no se limita al debate histórico, sino que se extiende a la calle, con manifestaciones convocadas en ambas direcciones. Mientras el Ministerio de Defensa confirma el desfile militar en Madrid con «normalidad», ayuntamientos como el de Cádiz han optado por sustituir la celebración con actos sobre «la diversidad cultural», una fórmula que la derecha tacha de «rewriting forzado de la historia».
Lo que hace una década era un conflicto entre partidos se ha convertido en un termómetro social. El 12 de octubre, fecha que conmemora la llegada de Colón a América en 1492, ya no simboliza solo unidad para una parte creciente de la población, sino un recordatorio de la colonización y sus consecuencias. Las encuestas reflejan el cambio: un 42% de los españoles menores de 35 años considera que la fiesta debería reformularse o eliminarse, según el CIS. La polémica, lejos de apagarse, se alimenta de gestos como el de la alcaldesa de Barcelona, que este año ha anunciado un «acto de reparación» en lugar del tradicional izado de bandera. La pregunta ya no es si España está dividida, sino hasta dónde llegará la grieta.
De la Fiesta Nacional al debate político
El 12 de octubre dejó de ser una celebración unánime hace décadas, pero en 2024 la fractura se ha hecho más visible que nunca. Lo que nació como Fiesta Nacional en 1987 —una fecha para ensalzar la unidad y la historia común— se ha convertido en un termómetro político. Según datos del CIS de 2023, solo el 38% de los españoles asocia esta jornada con orgullo patrio, mientras que un 42% la vincula directamente a controversias históricas o divisiones sociales.
Las cancelaciones de actos oficiales en 17 ciudades, desde Barcelona hasta Cádiz, no son casuales. Reflejan un cambio generacional en la percepción de la fecha, donde sectores progresistas la cuestionan por su carga colonial y otros, como Vox, la defienden como símbolo de «la hispanidad». El debate ya no se limita a los discursos institucionales: ha calado en redes sociales, donde etiquetas como #12O se llenan de mensajes encontrados.
Historiadores señalan que el problema no es la conmemoración en sí, sino el relato que se construye alrededor. Mientras algunos ayuntamientos optan por actos culturales neutros —conciertos o exposiciones—, otros, como el de Madrid, mantienen desfiles militares con banderas preconstitucionales. La polarización ha llegado al punto de que hasta el himno nacional genera tensiones en plenos municipales.
El conflicto trasciende lo simbólico. Partidos como Podemos exigen una «revisión crítica» de la fecha, mientras el PP acusa de «rewriting history» a quienes piden su eliminación. En medio, una sociedad dividida: el mismo estudio del CIS revela que el 60% de los menores de 30 años prefiere no celebrar el 12 de octubre, frente al 45% de los mayores de 65 que sí lo respalda.
Lo cierto es que, más allá de discursos, la fecha ya no une. Ni siquiera el nombre: Día de la Hispanidad para unos, Día de la Resistencia Indígena para otros, o simplemente puente de octubre para quienes solo ven un día libre.
Las ciudades que suspenden actos y sus razones
Barcelona encabeza la lista de ciudades que han decidido suspender los actos institucionales del 12 de octubre por cuarto año consecutivo. El Ayuntamiento justificó la medida como un gesto de «coherencia con los valores de convivencia y respeto a la diversidad», tras años de tensiones entre colectivos independentistas y partidos de la derecha. La decisión, aprobada con los votos de ERC, Junts y la CUP, refleja cómo la fiesta nacional se ha convertido en un termómetro político: según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 62% de los catalanes prefiere que la fecha no se celebre con actos oficiales.
Valencia y Zaragoza optaron por reducir los eventos a un mínimo simbólico. Mientras la primera limitó el izado de bandera a un acto interno en el Ayuntamiento, la capital aragonesa eliminó el desfile militar y lo sustituyó por una oferta cultural «despolitizada». Ambas ciudades alegaron que la polarización social alrededor de la fecha —con incidentes registrados en ediciones anteriores— aconsejaba priorizar la «neutralidad institucional».
Más contundentes fueron Bilbao, San Sebastián y Vitoria, donde los gobiernos locales, con mayoría nacionalista vasca, cancelaron cualquier referencia a la festividad. En su lugar, promovieron jornadas sobre «memoria histórica» y debates sobre el colonialismo, vinculando el 12 de octubre con la crítica a la conquista de América. La medida, aunque no nueva, ganó apoyo este año tras las declaraciones de la Federación de Municipios Vascos, que tachó la celebración de «anacrónica».
Málaga y Cádiz, gobernadas por coaliciones de izquierda, optaron por una vía intermedia: mantuvieron el izado de bandera pero suprimieron discursos políticos y actos castrense. En Cádiz, el puerto —epicentro histórico de la salida de Colón— acogió una exposición sobre «los pueblos originarios» en lugar del tradicional homenaje institucional.
¿Qué significa esta división para España en 2025?
La fractura en torno al 12 de octubre no es un debate pasajero, sino un reflejo de las tensiones que marcarán el panorama político y social de España en 2025. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2024, el 48% de los españoles considera que la fecha debería reformularse para incluir una narrativa más crítica con el pasado colonial, mientras que un 32% defiende mantenerla como celebración de la identidad nacional. Esta polarización, ya visible en la cancelación de actos en 17 ciudades este año, anticipa un escenario donde las instituciones locales y autonómicas tomarán posiciones más radicales, convertiendo la conmemoración en un termómetro de la cohesión territorial.
El impacto más inmediato se notará en la gestión municipal. Ayuntamientos gobernados por coaliciones progresistas, como los de Barcelona, Valencia o Cádiz, han anunciado que en 2025 reemplazarán los desfiles militares por jornadas de reflexión histórica. La medida, aunque simbólica, profundiza la brecha con regiones como Madrid o Murcia, donde el 12 de octubre sigue siendo un acto de Estado con presencia de las Fuerzas Armadas.
Historiadores advierten de que esta división trasciende lo ideológico. La falta de un relato compartido sobre la conquista de América —y su legado— alimenta un clima de desconfianza que podría extenderse a otros símbolos nacionales, desde la bandera hasta el himno. No es casualidad que partidos independentistas catalanes y vascos hayan aprovechado el debate para reforzar sus discursos sobre la «España plural».
En el ámbito económico, el turismo también sentirá los efectos. Ciudades como Sevilla o Granada, que atraen visitantes con programas especiales para el 12 de octubre, podrían ver reducidos sus ingresos si la controversia ahuyenta a operadores internacionales. Algunos hoteleros ya han expresado su preocupación: sin un mensaje claro, la fecha pierde atractivo como producto cultural.
El debate sobre el 12 de octubre ya no es solo ideológico, sino un reflejo de las fracturas sociales que atraviesan España, donde la memoria histórica y la identidad nacional chocan en las calles y en los plenos municipales. Las 17 ciudades que suspendieron los actos oficiales en 2024 marcan un punto de no retorno: la fiesta nacional se ha convertido en un termómetro político, con ayuntamientos obligados a elegir entre el simbolismo institucional o la presión de colectivos que exigen revisar el pasado colonial.
Ante esta polarización, la solución no pasa por cancelar o imponer celebraciones, sino por transformar la fecha en un espacio de diálogo crítico—con mesas de debate, exposiciones contextualizadas o programas educativos que aborden, sin edulcorar, tanto los logros como las sombras de 1492. Solo así el 12 de octubre podría dejar de ser un campo de batalla para convertirse en una oportunidad de entendimiento.
El próximo año dirá si España opta por profundizar la grieta o si, por fin, asume que las fechas patrias deben evolucionar con la sociedad que las conmemora.