El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo oficial lo que miles de pensionados bajo la Ley 73 esperaban: un incremento del 15% en sus pensiones para 2024, el ajuste más significativo en más de una década. La medida, aprobada tras la reforma a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de noviembre, beneficiará a cerca de 2.1 millones de jubilados que perciben mensualmente entre 3 mil y 15 mil pesos. El aumento, que entrará en vigor a partir de enero, representa un alivio concreto para un sector que ha visto mermado su poder adquisitivo por la inflación acumulada en los últimos años.
El aumento en las pensiones del IMSS 2024 para la Ley 73 no es un simple ajuste numérico, sino el resultado de una presión sostenida por organizaciones de jubilados y análisis técnicos que demostraron la insostenibilidad de los montos actuales. Mientras el gobierno federal destinará 18 mil millones de pesos adicionales para cubrir este incremento, los beneficiarios ya calculan el impacto en sus economías domésticas: desde cubrir medicamentos hasta recuperar el acceso a servicios básicos que habían reducido. La decisión, aunque celebrada, también reabre el debate sobre la equidad en el sistema de pensiones y la urgencia de reformar esquemas como el de la Ley 97, que sigue sin cambios.
¿Por qué la Ley 73 quedó fuera del aumento inicial de pensiones?
La exclusión inicial de los pensionados bajo la Ley 73 en el primer anuncio de aumento respondía a un vacío legal que el IMSS no podía sortear sin una reforma explícita. Aunque el gobierno federal había prometido desde 2023 un ajuste del 15% para todos los jubilados, las pensiones reguladas por esta ley —vigente entre 1997 y 2007— quedaban atadas a un marco jurídico que exigía modificaciones concretas al Artículo 201 de la Ley del Seguro Social. Sin esos cambios, cualquier incremento habría sido impugnable, como advirtieron analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un informe de noviembre pasado.
El problema radica en que la Ley 73 establece un sistema de pensiones basado en salarios promedios de los últimos cinco años de cotización, a diferencia de las leyes posteriores (como la 97), que operan con cuentas individuales. Esto generaba una complejidad técnica: mientras las pensiones de la Ley 97 podían ajustarse vía rendimientos de las Afores, las de la 73 requerían una intervención directa al texto legal para evitar desequilibrios actuariales.
La demora en incluir a este grupo —que representa alrededor de 1.8 millones de pensionados, según datos de la CONASAMI— desencadenó críticas de organizaciones como la Confederación de Pensionados de la República Mexicana, que señalaban una «discriminación por antigüedad». La presión social aceleró la discusión en el Congreso, donde se aprobó la reforma en tiempo récord: apenas 45 días entre su presentación y publicación en el DOF.
Con la modificación ya en vigor, el IMSS confirmó que los pagos retroactivos —correspondientes a los meses de enero y febrero— se depositarán junto con la mensualidad de marzo. El ajuste, aunque tardío, equipara ahora a los beneficiarios de la Ley 73 con el resto de los jubilados, cerrando una brecha que amenazaba con profundizar las desigualdades entre generaciones de trabajadores.
El ajuste exacto: cómo se calcula el 15% para jubilados del IMSS
El cálculo del 15% de aumento en las pensiones del IMSS para los jubilados bajo la Ley 73 no es arbitrario, sino el resultado de una fórmula técnica que considera variables económicas clave. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) determinan este porcentaje anual basado en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, la inflación acumulada y el rendimiento de las Afores. Según datos del Banco de México, durante 2023 la inflación cerró en 4.66%, mientras que el PIB nominal creció un 8.4%, cifras que sirven como base para el ajuste. Este mecanismo busca garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo frente al alza en los precios, aunque el resultado final siempre depende de la aprobación del gobierno federal.
El proceso inicia con un análisis de la variación salarial promedio de los trabajadores afiliados al IMSS en los últimos cinco años. La Ley 73 establece que el aumento debe reflejar, en parte, el comportamiento de los salarios cotizados, evitando que los pensionados queden rezagados frente a los trabajadores activos. Para 2024, el ajuste del 15% supera el incremento promedio de los últimos tres años (que osciló entre 6% y 10%), lo que representa un esfuerzo adicional para compensar la pérdida de valor de las pensiones en periodos de alta inflación.
Un aspecto menos conocido es que el cálculo incluye un componente actuarial. Actuarios del IMSS evalúan la sostenibilidad financiera del sistema a mediano plazo, ajustando el porcentaje para evitar desequilibrios en las reservas. Esto explica por qué, aunque la inflación o el PIB sugieran un aumento mayor, el gobierno opta por cifras conservadoras. En 2022, por ejemplo, el incremento fue del 8.1%, a pesar de que la inflación superó el 7%. La diferencia radica en ese equilibrio entre justicia social y viabilidad económica.
El monto exacto que recibirá cada pensionado variará según su salario base de cotización y los años de aportaciones. Quienes cotizaron bajo el esquema de la Ley 73 —vigente hasta 1997— verán el ajuste aplicado directamente a su pensión mensual, sin necesidad de trámites adicionales. El IMSS ya anunció que los pagos con el nuevo porcentaje comenzarán a reflejarse a partir de febrero de 2024, aunque el desglose detallado por rangos salariales se publicará en los próximos días.
Fechas clave y requisitos para recibir el incremento en 2024
El aumento del 15% en las pensiones del IMSS para los afiliados bajo la Ley 73 no será automático ni inmediato. Según el calendario oficial publicado por el Instituto, los primeros ajustes comenzarán a reflejarse a partir del 1 de marzo de 2024, aunque el proceso de actualización masiva podría extenderse hasta mayo. Esto se debe a que el IMSS requiere verificar individualmente los expedientes de más de 2.1 millones de pensionados bajo este régimen, un trámite que demanda coordinación entre áreas administrativas y financieras.
Para acceder al incremento, los beneficiarios deben cumplir con dos requisitos básicos: tener una pensión vigente bajo la Ley 73 y no contar con adeudos pendientes con el Instituto. Quienes reciben su pago mediante depósito bancario notarán el ajuste en su estado de cuenta sin necesidad de gestiones adicionales. En cambio, los 180 mil pensionados que aún cobran en ventanilla deberán presentar una identificación oficial en su sucursal correspondiente para actualizar sus datos, según lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de enero.
Un detalle crítico es la fecha de corte para el cálculo del aumento. El IMSS tomará como referencia el monto de la pensión correspondiente a diciembre de 2023, por lo que cualquier modificación posterior —como actualizaciones por inflación o correcciones administrativas— no se verá reflejada en este 15%. Analistas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) advierten que cerca del 8% de los pensionados podrían recibir un incremento menor al esperado si su pensión base fue ajustada en los primeros meses de 2024.
Los plazos para aclaraciones o reclamos por discrepancias en el monto actualizado se extenderán hasta el 30 de junio de 2024. Durante este periodo, el IMSS habilitará un módulo especial en su plataforma digital y líneas telefónicas exclusivas para atender dudas. Quienes no reciban el aumento en las fechas indicadas deberán acuden a las oficinas regionales con su número de seguridad social y comprobante de los últimos tres pagos.
Comparativa con la Ley 97: quién gana más con la reforma
La reforma que eleva un 15% las pensiones bajo la Ley 73 del IMSS en 2024 marca un contraste claro con lo que percibirán los jubilados bajo la Ley 97. Mientras los primeros verán un ajuste directo en sus pagos mensuales, los segundos dependen de un sistema de cuentas individuales donde el monto final varía según las aportaciones y el rendimiento de las Afores. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el promedio de pensión mensual para quienes se jubilaron bajo la Ley 97 en 2023 apenas superó los 4,200 pesos, una cifra que palidece frente a los incrementos garantizados que ahora recibirán los beneficiarios de la Ley 73.
El beneficio más evidente recae en los trabajadores que cotizaron antes de 1997. Para ellos, el aumento del 15% se traduce en un alivio concreto: si un pensionado recibía 10,000 pesos mensuales, ahora su ingreso ascenderá a 11,500 pesos sin necesidad de trámites adicionales. En cambio, bajo la Ley 97, el monto depende de factores como la densidad de cotización y la edad de retiro, lo que introduce incertidumbre. Analistas en seguridad social señalan que, aunque el sistema de capitalización individual fue diseñado para ser sostenible, su principal debilidad es la volatilidad: un mal año en los mercados puede reducir hasta en un 20% el saldo acumulado, según estimaciones de la OCDE para América Latina.
Otra ventaja clave para la Ley 73 es la pensión mínima garantizada, que con la reforma quedará en 6,300 pesos mensuales para 2024. Este piso no existe en la Ley 97, donde quienes cotizaron salarios bajos o tuvieron empleos informales pueden terminar con pensiones inferiores al salario mínimo. La diferencia se acentúa en casos como el de las amas de casa o trabajadores eventuales: bajo la Ley 73, sus años cotizados —aunque sean pocos— aún generan un derecho proporcional, mientras que en el sistema de Afores, las lagunas en las aportaciones se traducen en menores recursos al jubilarse.
No todo es ganancia neta. Los críticos argumentan que el ajuste del 15% para la Ley 73 presiona las finanzas del IMSS, mientras que la Ley 97, al basarse en aportaciones individuales, trasfiere el riesgo al trabajador. Sin embargo, para quienes ya están pensionados o cerca de jubilarse bajo el esquema antiguo, la reforma es un respiro. La brecha se nota en los números: un estudio de 2022 del Instituto Belisario Domínguez reveló que el 68% de los pensionados bajo la Ley 73 recibe más del doble que el promedio de la Ley 97, y con este aumento, esa distancia se ensanchará.
Próximos pasos: ¿habrá nuevos aumentos antes de 2025?
El anuncio del 15% para las pensiones bajo la Ley 73 en 2024 cierra un ciclo de negociaciones, pero no necesariamente el debate sobre ajustes futuros. Analistas financieros señalan que, aunque este incremento responde a la reforma reciente, la presión inflacionaria y el envejecimiento acelerado de la población podrían forzar nuevas revisiones antes de que termine el sexenio. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el 68% de los pensionados bajo este esquema reciben menos de 10,000 pesos mensuales, cifra que sigue por debajo de la canasta básica ampliada en varias entidades.
El calendario político marca la pauta. Con elecciones federales en 2024, cualquier discusión sobre modificaciones adicionales a las pensiones quedará en pausa hasta que se conforme el nuevo Congreso. No obstante, organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ya han advertido que, de mantenerse la inflación por encima del 5% anual, el poder adquisitivo de los jubilados se erosionará en menos de dos años, incluso con el ajuste actual.
Otro factor clave será el comportamiento de las finanzas públicas. El IMSS depende en gran medida del presupuesto federal, y con un déficit proyectado del 3.5% del PIB para 2024, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, cualquier nuevo aumento requeriría recortes en otras partidas o un crecimiento económico superior al 2.5% anual. Esto deja poco margen para maniobras sin afectar la estabilidad macroeconómica.
Los pensionados más vulnerables —aquellos que cotizaron bajo salarios mínimos en las décadas de 1980 y 1990— son quienes enfrentan el escenario más incierto. Mientras el gobierno celebra el incremento como un «avance histórico», colectivos de jubilados exigen que se garantice un mecanismo de ajuste automático vinculado a la inflación, similar al que opera en países como Chile o Uruguay. Sin esto, advierten, cada negociación será una batalla política, no una solución estructural.
El aumento del 15% en las pensiones del IMSS para 2024 bajo la Ley 73 no solo representa un alivio concreto para más de 3 millones de jubilados, sino también el primer impacto tangible de la reforma aprobada en diciembre, que busca corregir años de rezago en los montos asignados. Aunque el ajuste aún queda por debajo de la inflación acumulada en la última década, significa un avance real en el poder adquisitivo de los pensionados, especialmente para aquellos que dependen exclusivamente de este ingreso.
Quienes reciban su pensión bajo este esquema deben verificar en el portal oficial del IMSS o acudiendo a las subdelegaciones el monto exacto de su nuevo pago, ya que el incremento se aplicará de manera automática pero podría variar según el historial de cotización de cada derechohabiente. El desafío ahora será mantener esta tendencia de actualizaciones periódicas para evitar que el valor de las pensiones vuelva a erosionarse con el tiempo.