Con 38 años y una trayectoria que abarca desde la judicatura hasta puestos clave en la procuración de justicia, Iliana de la Garza se convirtió este martes en la fiscal general más joven en asumir el cargo en Nuevo León en las últimas tres décadas. Su llegada no es un simple cambio de titular: marca la primera vez que una mujer con experiencia en el nuevo sistema penal acusatorio dirige la institución desde su reforma en 2016. El nombramiento, avalado por 43 votos del Congreso local, llega en un momento crítico para el estado, donde los índices de impunidad rondan el 92% en delitos como el feminicidio.
El perfil de Iliana de la Garza contrasta con el de sus predecesores no solo por su edad, sino por su formación especializada en derechos humanos y su paso por la Fiscalía Anticorrupción. Su designación adquiere relevancia en un contexto donde Nuevo León enfrenta retos urgentes: desde la escalada de violencia organizada hasta la desconfianza ciudadana en las instituciones. Que una abogada con menos de cuatro décadas de vida —pero con más de 15 años en el sector justicia— tome las riendas de la Fiscalía obliga a preguntarse si su gestión podrá romper con la inercia de administraciones anteriores.
De abogada penalista a fiscal estatal
Iliana de la Garza no llegó a la Fiscalía de Nuevo León por casualidad. Su trayectoria como abogada penalista, con más de una década defendiendo casos complejos en tribunales estatales, le valió reconocimiento entre colegas y jueces. Especializada en delitos de alto impacto, su nombre apareció en expedientes vinculados a narcotráfico, secuestros y corrupción, áreas donde la tasa de condenas en el estado ronda apenas el 42%, según datos del Poder Judicial local.
El salto de la defensa privada a la fiscalía no es común, pero su perfil técnico lo hizo posible. Mientras muchos litigantes se limitan a estrategias procesales, ella profundizó en inteligencia criminal, colaborando con agencias federales en operaciones contra células delictivas. Ese conocimiento práctico —no solo teórico— marcó la diferencia.
Su experiencia en juicios orales, donde la capacidad de argumentación bajo presión define veredictos, le granjeó respeto. Colegas destacan su habilidad para desarmar testimonios falsos con preguntas precisas, una cualidad que ahora aplicará desde el otro lado del estrado.
La transición, sin embargo, implicó ajustes. Pasar de proteger derechos individuales a representar al Estado exige un cambio de perspectiva radical: antes cuestionaba las pruebas de la fiscalía; hoy debe construirlas. El desafío, según analistas en derecho penal, radica en mantener esa agudeza crítica sin perder objetividad.
Los retos inmediatos en su primer mes
El primer desafío que enfrenta Iliana de la Garza al frente de la Fiscalía de Nuevo León es heredar una institución con índices de impunidad que superan el 90% en delitos como robo y extorsión, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra no solo refleja la magnitud de la tarea, sino la urgencia de implementar estrategias que reviertan décadas de desconfianza ciudadana.
Reorganizar las áreas operativas será clave. La nueva fiscal llega en un momento donde la corporación arrastra vacíos en protocolos de investigación, especialmente en delitos de alto impacto como feminicidios y desapariciones. Expertos en procuración de justicia señalan que, sin una reestructuración interna en los primeros 30 días, los cambios posteriores perderán fuerza.
Otro frente inmediato es la relación con las policías municipales. La coordinación entre fiscalías y corporaciones locales ha sido históricamente frágil en la entidad, con casos documentados donde la falta de comunicación ha entorpecido investigaciones. De la Garza deberá establecer mecanismos claros desde el inicio.
La presión mediática y política también será un factor. A sus 38 años, asume el cargo en un estado donde la opinión pública exige resultados rápidos, pero con un sistema judicial que tradicionalmente opera a ritmo lento. El equilibrio entre expectativas y realidades definirá su primer mes.
Nuevo León apuesta por un perfil joven y técnico
El nombramiento de Iliana de la Garza al frente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León marca un giro en el perfil tradicional de los fiscales en México. A sus 38 años, se convierte en una de las fiscales más jóvenes en asumir el cargo en una entidad con más de 5 millones de habitantes y una de las tasas de delitos más altas del país.
Su trayectoria refleja una tendencia creciente: la apuesta por perfiles técnicos sobre los políticos. Con formación en derecho penal y experiencia en investigación criminal, De la Garza rompe con el molde de designaciones basadas en lealtades partidistas. Según datos del INEGI, el 62% de los fiscales estatales en México provienen de carreras jurídicas, pero solo el 18% tiene especialización en áreas operativas como criminalística o inteligencia.
La decisión del gobernador Samuel García no es casual. Nuevo León ha priorizado en los últimos años la profesionalización de sus instituciones de seguridad, con programas de capacitación continua para fiscales y policías. El estado destinó en 2023 más de 120 millones de pesos a la modernización de laboratorios forenses y sistemas de inteligencia, áreas donde De la Garza ha trabajado directamente.
Analistas en materia de justicia señalan que este tipo de perfiles —jóvenes, con experiencia en campo y sin cargas políticas— suele enfrentar menos resistencia interna al implementar reformas. La prueba estará en cómo logre equilibrar la presión social por resultados inmediatos con la necesidad de reconstruir estructuras dañadas por años de corrupción.
La llegada de Iliana de la Garza a la Fiscalía de Nuevo León marca un giro generacional en la procuración de justicia, donde la combinación de trayectoria penal sólida y una visión moderna abre oportunidades para reformar instituciones históricamente cuestionadas. Su perfil—joven, con experiencia en litigio internacional y cercanía a casos de alto impacto—obliga a observar si la profesionalización puede imponerse sobre los vicios estructurales que aún persisten en el sistema. Para que su gestión trascienda el simbolismo, será clave que priorice la transparencia en investigaciones emblemáticas y fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas desde el primer día, evitando que la burocracia diluya el impulso inicial. El verdadero test no estará en los discursos, sino en cómo logre articular a fiscales, peritos y sociedad civil para reducir la impunidad que ahoga al estado. Nuevo León tendrá en sus manos, en los próximos meses, un termómetro claro: si la justicia comienza a operar con celeridad y sin distinciones, o si la inercia vuelve a ganar la partida.