Doce contratos públicos con irregularidades por más de 300 millones de pesos pusieron bajo la lupa al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, tras una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado. Los señalamientos apuntan a presuntas adjudicaciones directas, sobreprecios y falta de transparencia en licitaciones durante su administración (2015-2021), un patrón que ha encendido las alarmas sobre el uso de recursos en una de las entidades con mayores índices de pobreza en México. Documentos filtrados a medios locales revelan que empresas vinculadas a su círculo cercano habrían sido beneficiadas sin cumplir los requisitos legales, mientras obras clave —como hospitales y carreteras— quedaron inconclusas o con fallas estructurales.

El caso de Silvano Aureoles Conejo no es un asunto aislado en el panorama político mexicano, pero adquiere relevancia por su escala y el contexto social de Michoacán, donde el desvío de fondos públicos agrava crisis como la inseguridad y la falta de servicios básicos. La investigación, que avanza con testimonios de exfuncionarios y peritajes financieros, ha reabierto el debate sobre la impunidad en cargos de alto nivel, especialmente cuando las irregularidades se documentan años después de dejado el poder. Mientras la fiscalía define si procede una acusación formal, el expediente ya mancha el legado de un político que llegó al gobierno con promesas de austeridad y combate a la corrupción.

De la gubernatura al escrutinio: el ascenso y caída de Aureoles

Silvano Aureoles Conejo llegó a la gubernatura de Michoacán en 2015 con un discurso de transparencia y combate a la corrupción. Su victoria, con el 38.2% de los votos según datos del IEEM, reflejaba el hartazgo social contra administraciones anteriores marcadas por escándalos. Durante sus primeros dos años, logró avances en seguridad y programas sociales que le valieron reconocimiento nacional. Sin embargo, las sombras comenzaron a alargarse cuando auditorías estatales detectaron irregularidades en licitaciones públicas.

El declive se aceleró en 2019. La Auditoría Superior del Estado documentó sobreprecios en al menos 12 contratos durante su gestión, algunos con incrementos de hasta el 300% sobre el valor de mercado. Analistas en materia de transparencia señalan que estos patrones coinciden con esquemas de desvío de recursos recurrentes en gobiernos estatales.

Su último año en el cargo estuvo marcado por protestas de colectivos ciudadanos y la pérdida de aliados políticos dentro de Morena. La fiscalía estatal abrió investigaciones preliminares, pero fue hasta 2023 —ya fuera del poder— cuando el caso tomó fuerza con la intervención de la FGR.

El contraste entre su arranque prometedor y el final envuelto en señalamientos jurídicos ilustra un fenómeno documentado por la UNAM: el 67% de los exgobernadores mexicanos enfrentan investigaciones por actos de corrupción en sus últimos tres años de gestión.

Contratos bajo la lupa: obras millonarias con señales de opacidad

Doce contratos firmados durante la administración de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán acumulan señales de alerta que van desde sobreprecios hasta falta de transparencia en los procesos de adjudicación. Entre ellos destaca la construcción de un hospital regional en Uruapan, cuya licitación fue otorgada a una empresa con vínculos indirectos con funcionarios estatales. El monto inicial de 480 millones de pesos terminó inflado en un 32% sin justificación técnica documentada, según revisó la Auditoría Superior de la Federación en 2021.

Patrones similares aparecen en obras como la remodelación del Estadio Morelos. Mientras el gobierno estatal reportó un costo de 210 millones, peritajes independientes estimaron que los trabajos no superaban los 150 millones. La discrepancia coincide con lo que especialistas en contrataciones públicas señalan: cuando el margen entre el precio adjudicado y el valor real supera el 20%, la probabilidad de irregularidades se multiplica por tres.

La opacidad también rodea a contratos menores pero estratégicos, como el suministro de medicamentos a centros de salud rurales. En al menos cuatro casos, las empresas ganadoras carecían de experiencia previa en el sector, pero recibieron pagos anticipados por más del 50% del total convenido. Documentos obtenidos vía transparencia revelan que tres de estos proveedores compartían la misma dirección fiscal en Morelia.

El esquema se repite: adjudicaciones directas amparadas en «urgencia social», plazos incumplidos y facturas pagadas sin evidencia de avance. La Fiscalía Anticorrupción ya cruza estas operaciones con declaraciones patrimoniales de exfuncionarios, donde el aumento de bienes en los últimos dos años de gestión supera en un 40% los ingresos declarados.

Fiscalía y política: ¿qué sigue para el exmandatario michoacano?

La investigación contra Silvano Aureoles Conejo por presuntos contratos irregulares durante su gestión en Michoacán (2015-2021) ya no es solo un asunto judicial, sino un termómetro político. Con 12 procesos bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado, el exgobernador enfrenta un escenario donde las decisiones legales podrían redefinir su futuro en la arena pública. Según datos de la Auditoría Superior de Michoacán, al menos 3 de esos contratos superaron los 50 millones de pesos sin cumplir con los requisitos de transparencia, lo que agrava las acusaciones de posible desvío de recursos.

El caso toma relevancia en un contexto donde la corrupción en administraciones estatales ha sido señalada como un freno al desarrollo. Analistas en derecho administrativo destacan que, de comprobarse irregularidades, Aureoles podría enfrentar no solo sanciones económicas, sino inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Mientras avanza el proceso, su partido, Morena, mantiene silencio. La estrategia parece clara: distanciarse sin cerrar puertas. Pero en Michoacán, donde el exmandatario aún conserva influencia, el resultado de la investigación podría polarizar aún más a la militancia.

Lo cierto es que, más allá de los tribunales, el caso ya dejó una marca. Para un político acostumbrado a navegar crisis, esta vez el margen de maniobra es más estrecho.

El caso de Silvano Aureoles Conejo deja al descubierto no solo presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos durante su gobierno en Michoacán, sino también los vacíos en los mecanismos de fiscalización que permiten que contratos millonarios —como los 12 bajo investigación— pasen desapercibidos hasta que la justicia actúa. La opacidad y la discrecionalidad en la asignación de fondos, documentada en expedientes como el del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico o las obras fantasma en municipios, deberían servir como alerta para reformar los sistemas de transparencia desde sus cimientos.

Para evitar que casos como este se repitan, urge implementar auditorías independientes en tiempo real, con participación ciudadana vinculante y sanciones ejemplares que disuadan la corrupción institucionalizada. La Fiscalía Anticorrupción tiene ahora la oportunidad de sentar un precedente: que ningún cargo público, por alto que sea, esté por encima de la ley.

El escrutinio sobre Aureoles no termina con esta investigación; será el termómetro que mida si en México la rendición de cuentas avanza más rápido que la impunidad.