El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a una reforma histórica: a partir de 2025, todos los trabajadores en España tendrán derecho a 15 días naturales de vacaciones pagadas obligatorias, incluso en contratos temporales o de corta duración. La medida, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, elimina la ambigüedad legal que permitía a algunas empresas negar este derecho a empleados con menos de un año de antigüedad o en periodos de prueba. Según datos de la Inspección de Trabajo, cerca de 800.000 asalariados —el 4% de la fuerza laboral— se veían afectados anualmente por esta laguna, especialmente en sectores como la hostelería, la agricultura o los contratos por obra.
La ampliación de las vacaciones por ley no solo iguala condiciones entre fijos y temporales, sino que sitúa a España en línea con estándares europeos como los de Francia o Alemania, donde el descanso remunerado es intocable desde el primer día. Para los trabajadores, supone un cambio concreto: cobrarán esos 15 días aunque lleven solo un mes en la empresa, y las empresas deberán planificar las sustituciones con antelación. La reforma también clarifica que estos días no podrán compensarse económicamente —salvo en casos de fin de contrato—, cerrando así una práctica habitual en pymes y autónomos. El desafío ahora será su aplicación real, especialmente en sectores con alta rotación donde el incumplimiento de las vacaciones por ley ha sido recurrente.
De la teoría a la realidad: cómo llegó esta ley
El camino hacia los 15 días de vacaciones pagadas obligatorias no fue un capricho legislativo, sino el resultado de décadas de presión sindical y estudios que demostraron su impacto directo en la productividad. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, países con políticas similares registraron un aumento del 12% en la eficiencia laboral tras implementar periodos de descanso garantizados. España, tradicionalmente por debajo de la media europea en este aspecto, tomó nota.
La propuesta tomó fuerza en 2022, cuando un informe de la Comisión Europea señalaba que el 38% de los trabajadores españoles no disfrutaba de sus días de descanso completos por miedo a represalias o carga laboral. Esto aceleró las negociaciones entre patronal y sindicatos, que por primera vez en años encontraron un punto de acuerdo: el descanso no era un lujo, sino una necesidad económica.
El borrador inicial, presentado en octubre de 2023, incluía solo 10 días. Fue la movilización de colectivos como los riders y trabajadores de plataformas digitales —sectores con altos índices de burnout— la que llevó a ampliar la cifra. La enmienda final, aprobada con apoyo multipartidista, dejó claro que la ley no buscaba solo beneficiar al empleado, sino también reducir el absentismo y el presenteísmo que cuesta a las empresas españoles más de 6.000 millones anuales.
La entrada en vigor en 2025 permite un margen para que las pymes se adapten, pero con un mensaje claro: el descanso ya no es negociable.
Quince días remunerados: quiénes los disfrutarán y cómo
La nueva ley de vacaciones pagadas entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y beneficiará a todos los trabajadores por cuenta ajena, sin excepciones. Esto incluye a empleados con contratos temporales, indefinidos, a tiempo parcial o en período de prueba, siempre que lleven al menos un mes en la empresa. Según datos del Ministerio de Trabajo, cerca de 2,3 millones de trabajadores en España —el 12% de la fuerza laboral— actualmente no disfrutan de estos días remunerados, una brecha que la normativa cerrará de forma definitiva.
Los 15 días laborables se calcularán de manera proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, alguien con seis meses de antigüedad tendrá derecho a la mitad del período, mientras que quienes cumplan el año completo podrán usarlos en su totalidad. Las empresas deberán garantizar que estos días no se solapen con festivos ni con bajas médicas, evitando así conflictos en la planificación.
El pago correspondiente equivaldrá al salario habitual, incluyendo complementos fijos como pluses de transporte o antigüedad. Expertos en derecho laboral destacan que esta medida no solo mejora la conciliación, sino que reduce la rotación en sectores con alta temporalidad, como la hostelería o la agricultura.
Para acceder al beneficio, bastará con solicitarlo por escrito con al menos 15 días de antelación, salvo que el convenio colectivo establezca otro plazo. La empresa solo podrá denegarlo si demuestra que afecta gravemente a la operativa, algo que los tribunales ya han limitado en sentencias recientes.
El impacto en empresas y trabajadores tras 2025
La aprobación de 15 días de vacaciones pagadas obligatorias en 2025 redefinirá la operación de las pymes, donde el 62% aún carece de protocolos formales de sustitución durante ausencias, según datos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Empresas con plantillas reducidas —especialmente en hostelería, comercio y agricultura— enfrentarán el desafío de reorganizar turnos sin incrementar costes laborales, mientras que las grandes corporaciones ajustarán sus políticas para alinearse con el nuevo marco legal sin perder competitividad.
Los trabajadores en sectores con alta temporalidad, como la construcción o el turismo, serán los más beneficiados. Hasta ahora, muchos acumulaban años sin disfrutar de días libres remunerados por miedo a perder ingresos. La medida elimina esa incertidumbre.
En el ámbito logístico, empresas con cadenas de suministro just-in-time ya exploran soluciones: desde la automatización de procesos repetitivos hasta acuerdos con cooperativas de trabajo para cubrir picos estacionales. La adaptación no será uniforme, pero el plazo hasta 2025 permite margenes de maniobra.
Para los autónomos, la norma introduce una paradoja. Aunque no están obligados a cerrar sus negocios, la presión social por respetar los días de descanso de sus empleados —o de ellos mismos— podría reconfigurar hábitos arraigados. Algunos colectivos, como los transportistas, estudian fórmulas de rotación entre profesionales para mantener la actividad sin vulnerar la ley.
La aprobación de 15 días de vacaciones pagadas obligatorias en 2025 marca un avance histórico en los derechos laborales de España, alineando el país con estándares europeos más protectores y reconociendo el descanso como un pilar básico del bienestar laboral. La medida no solo beneficia a los trabajadores con contratos precarios o en sectores menos regulados, sino que también establece un precedente claro: el tiempo libre remunerado deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho irrenunciable.
Para aprovechar al máximo este cambio, los empleados deben revisar sus contratos actuales y consultar con sus departamentos de recursos humanos cómo se aplicarán estas vacaciones, especialmente si ya cuentan con días adicionales por convenio. Empresas y sindicatos, por su parte, tendrán que adaptar calendarios y políticas internas antes de que entre en vigor la normativa.
El verdadero impacto de esta ley se medirá en los próximos años, cuando el equilibrio entre productividad y descanso demuestre si España logra consolidar un modelo laboral más justo sin perder competitividad.