El 5 de febrero de 1917 quedó grabado en la historia de México como el día en que se promulgó la Constitución Política más avanzada de su época, un documento que transformó radicalmente las estructuras sociales, laborales y agrarias del país. Con 142 artículos originales, este texto legal no solo sentó las bases del México moderno, sino que se convirtió en un referente global al ser la primera constitución en el mundo en reconocer derechos sociales como la jornada laboral de ocho horas, el salario mínimo y la protección a los trabajadores. Su impacto fue tan profundo que inspiró reformas en otras naciones, consolidando a México como pionero en la justicia social.
A más de un siglo de distancia, el legado de aquél 5 de febrero sigue vivo en las calles, las escuelas y los discursos políticos cada vez que se festeja el 5 de febrero. Pero ¿qué se festeja el 5 de febrero realmente más allá de los desfiles y ceremonias oficiales? Se conmemora el nacimiento de un marco jurídico que, pese a sus modificaciones, sigue garantizando libertades fundamentales como la educación laica, la soberanía nacional y los derechos de los pueblos indígenas. Que se festeja el 5 de febrero, en esencia, es la vigencia de un ideal: la Constitución no como un simple documento, sino como un pacto social que, en su mejor versión, aún desafía a México a cumplir sus promesas de igualdad y justicia.
El origen de una nación en papel
El 5 de febrero no es solo una fecha en el calendario mexicano; es el testimonio escrito de un país que decidió plasmar sus ideales en tinta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, surgió como respuesta a décadas de inestabilidad política, desigualdad social y concentración de poder. Redactada en Querétaro durante el gobierno de Venustiano Carranza, este documento no solo estableció las bases legales de la nación, sino que se convirtió en el primer texto constitucional del siglo XX en reconocer derechos sociales, como las garantías laborales y la propiedad original de las tierras a los pueblos indígenas. Su creación marcó un parteaguas: por primera vez, las demandas de la Revolución Mexicana —justicia, tierra y libertad— encontraron eco en un marco jurídico.
Lo que distingue a esta Constitución de sus predecesoras, como la de 1857, es su enfoque en la equidad. Historiadores como los de la UNAM señalan que más del 60% de sus artículos originales abordaban temas sociales, un porcentaje inédito para la época. El Artículo 27, por ejemplo, redefinió la relación entre el Estado y la propiedad privada, mientras que el 123 sentó las bases del derecho laboral moderno en México, incluyendo la jornada de ocho horas y la protección a las mujeres trabajadoras. Estos preceptos no eran simples letras: respondían a las luchas de campesiños, obreros y grupos marginados que, armados o con protestas pacíficas, exigieron cambios tangibles.
El proceso de redacción fue tan intenso como el contexto que lo rodeaba. Entre noviembre de 1916 y enero de 1917, 217 diputados —representantes de facciones revolucionarias divergentes— debatieron en el Teatro Iturbide. Las sesiones, a menudo tensas, reflejaban las divisiones del país: carrancistas, villistas, zapatistas y constitucionalistas chocaban en ideales, pero lograron un consenso histórico. El resultado fue un texto que, aunque imperfecto, equilibró las aspiraciones de unidad nacional con las demandas de justicia social.
Hoy, el legado de aquella Constitución trasciende el papel. Su promulgación simbolizó el fin de una etapa de violencia crónica y el inicio de un México institucional. Claro que el documento ha sufrido reformas —más de 700 desde su creación—, pero su esencia perdura: la idea de que una nación se construye no solo con territorio y gente, sino con reglas claras que garanticen dignidad para todos. Cada 5 de febrero, más que celebrar un aniversario, los mexicanos conmemoran el acto de atreverse a soñar, en medio del caos, un país mejor.
Cómo la Constitución de 1917 cambió México para siempre
El 5 de febrero no es solo una fecha en el calendario: marca el nacimiento de un documento que redefinió a México. La Constitución de 1917, promulgada en el Teatro de la República de Querétaro, fue la primera en el mundo en reconocer derechos sociales como los laborales y agrarios. No se trataba de un simple ajuste legal, sino de una ruptura con el pasado porfirista y una apuesta por un Estado que, al menos en el papel, pondría al ciudadano común por encima de los intereses de élites y extranjeros. El artículo 27, que devolvió la tierra a las comunidades, y el 123, pionero en regular jornadas de trabajo y salarios justos, demostraron que México buscaba algo más que estabilidad: justicia.
Historiadores coinciden en que este texto constitucional sentó las bases del México moderno. Según datos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, más del 60% de las demandas plasmadas en los planes revolucionarios —desde el de Ayala hasta el de Guadalupe— encontraron eco en sus artículos. La Constitución no solo legitimó la Revolución, sino que le dio un marco para transformar las promesas de «Tierra y Libertad» en leyes. Claro, su aplicación fue lenta y desigual, pero su existencia obligó a gobiernos posteriores a confrontar, aunque fuera retóricamente, problemas como la desigualdad o la concentración de la riqueza.
El impacto fue inmediato en algunos ámbitos. Por ejemplo, la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, impulsada por José Vasconcelos, tuvo su sustento en el artículo 3°, que estableció la educación laica, gratuita y obligatoria. Mientras tanto, el artículo 123 inspiró huelgas y movimientos obreros durante décadas, como la de los electricistas en 1936, que terminó con la expropiación petrolera al año siguiente. La Constitución no resolvió todos los conflictos, pero les dio a los mexicanos herramientas legales para exigir cambios.
Con el tiempo, el documento se convirtió en un símbolo tan poderoso que incluso sus detractores tuvieron que rendirse ante él. A diferencia de otras constituciones latinoamericanas de la época, que caían con cada golpe de Estado, la mexicana sobrevivió a crisis, reformas y hasta a la Guerra Cristera. Su flexibilidad —y quizá su ambigüedad— permitió que se adaptara a distintos contextos, desde el cardenismo hasta el neoliberalismo. Hoy, aunque muchos de sus ideales sigan pendientes, su legado persiste: recordarle al país que, en 1917, se atrevió a soñar en grande.
Tradiciones y ceremonias que marcan la celebración
El 5 de febrero no es solo una fecha en el calendario, sino un día donde las calles de México se visten de fiesta con desfiles cívicos que reúnen a miles. Escuelas, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales participan en marchas que recrean momentos clave de 1917, cuando se promulgó la Constitución Política que aún rige al país. Los contingentes, acompañados por bandas de guerra y carros alegóricos, suelen concentrarse en plazas públicas como el Zócalo capitalino, donde autoridades depositan ofrendas florales ante el monumento a Venustiano Carranza, figura central en la redacción del texto constitucional. Según datos de la Secretaría de Cultura federal, más de 120 municipios organizan eventos masivos ese día, con asistencia promedio de 50,000 personas solo en la Ciudad de México.
Las ceremonias oficiales adquieren un tono solemne al mediodía. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, se realiza una sesión conmemorativa donde legisladores rinden homenaje a los constituyentes de 1917 con discursos que destacan los artículos más innovadores de la época, como el 3° (educación laica), el 27° (propiedad original de la tierra) y el 123° (derechos laborales). Este acto, transmitido en vivo por canales institucionales, incluye la interpretación del Himno Nacional y la lectura de fragmentos originales del documento, resguardados en el Archivo General de la Nación. Universidades públicas, como la UNAM, suman conferencias magistrales donde historiadores analizan el impacto social de una constitución que, en su momento, fue considerada una de las más avanzadas del mundo.
En los pueblos, la celebración toma un matiz comunitario. Desde Oaxaca hasta Yucatán, es común ver representaciones teatrales en lenguas indígenas que explican, con música y danza tradicional, cómo la Constitución sentó las bases para reconocer posteriormente los derechos de los pueblos originarios. En estados como Michoacán, las autoridades municipales entregan reconocimientos a ciudadanos destacados durante actos protocolarios en los que se izan banderas a media asta hasta el mediodía, simbolizando el duelo por las luchas pasadas y la esperanza en el futuro. Estas tradiciones locales, aunque menos mediáticas, refuerzan el vínculo entre la carta magna y la vida cotidiana de regiones donde el 5 de febrero también es día de asueto obligatorio.
La gastronomía juega su propio papel en la conmemoración. Restaurantes y fondas sirven platillos inspirados en 1917, como el «mole constitucional»—una variante del mole poblano con ingredientes que representan los estados participantes en el Congreso Constituyente—o panes decorados con los colores patrios y frases alusivas. En mercados como La Merced, los puestos exhiben dulces típicos moldeados en forma de libros, alusión directa al documento. Incluso algunas marcas de cerveza lanzan ediciones especiales con etiquetas que reproducen la portada original de la Constitución, fusionando el civismo con el consumo popular.
De los artículos históricos a los derechos vigentes hoy
El 5 de febrero no solo conmemora la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917, sino que traza una línea clara entre el México colonial y la nación soberana que emergió con principios jurídicos propios. La Constitución de 1857, redactada tras décadas de inestabilidad política, sentó las bases del liberalismo mexicano: separó Iglesia y Estado, abolió los fueros militares y eclesiásticos, y consagró derechos individuales como la libertad de expresión. Fue un documento radical para su época, tanto que desencadenó la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Su legado, aunque efímero en la práctica inmediata, se convirtió en el cimiento sobre el que se edificaría la Carta Magna actual.
Setenta años después, en 1917, los constituyentes reunidos en Querétaro transformaron esas ideas en un marco legal con alcance social sin precedentes en el mundo. El Artículo 27 redefinió la propiedad de la tierra, devolviéndola a las comunidades indígenas y campesiinas; el 123 estableció derechos laborales como la jornada de ocho horas, el salario mínimo y la prohibición del trabajo infantil. Según datos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, más del 60% de los artículos originales de 1917 siguen vigentes, algunos con modificaciones menores. Esto la convierte en una de las constituciones más longevas y estables de América Latina.
El salto de los ideales liberales del siglo XIX a los derechos sociales del XX refleja una evolución forzada por la Revolución Mexicana. Mientras la Constitución de 1857 se centró en limitar el poder de la Iglesia y el ejército, la de 1917 respondió a demandas concretas: tierra para los campesinos, justicia para los obreros, educación laica. El cambio no fue solo de forma, sino de fondo. Por ejemplo, el derecho a la educación gratuita y obligatoria, plasmado en el Artículo 3°, pasó de ser una aspiración lejana a un mandato constitucional que, aunque aún enfrenta desafíos, ha moldeado generaciones.
Hoy, el 5 de febrero invita a mirar esos documentos no como reliquias, sino como herramientas vivas. La Suprema Corte de Justicia ha interpretado sus artículos para resolver conflictos contemporáneos, desde matrimonios igualitarios hasta la consulta indígena previo a megaproyectos. La Constitución no es un museo de ideas antiguas, sino un contrato social que se reescribe con cada reforma —más de 700 desde 1917— y con cada sentencia que amplía su alcance. El legado, entonces, no está solo en el papel, sino en su capacidad para adaptarse sin perder el núcleo que la hizo revolucionaria.
El legado constitucional en la México del siglo XXI
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es un documento estático: a 106 años de su promulgación, sigue siendo el eje sobre el que gira la vida democrática del país. Su legado en el siglo XXI se refleja en instituciones como la Suprema Corte de Justicia, que en 2023 resolvió más de 15,000 controversias constitucionales, cifras que evidencian su papel activo en la interpretación de derechos fundamentales. Desde la garantía de libertades individuales hasta la estructura del poder público, sus 136 artículos original—modificados en más de 700 ocasiones—demuestran una capacidad de adaptación que pocos textos jurídicos en el mundo pueden igualar.
El artículo 3°, reformado en 2019 para consagrar la educación como un derecho de excelencia y con enfoque inclusivo, ejemplifica cómo la Constitución mexicanas responde a demandas sociales contemporáneas. Lo mismo ocurre con el 1°, que desde 2011 reconoce los derechos humanos como base del orden jurídico, alineando el marco legal con estándares internacionales. Estos cambios no son meros ajustes técnicos: representan la evolución de una sociedad que exige mayor transparencia, equidad y rendición de cuentas.
Sin embargo, el legado constitucional también enfrenta desafíos. Especialistas en derecho público, como los que integran el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señalan que la distancia entre el texto normativo y su aplicación efectiva persiste en temas como la justicia laboral o el acceso a la tierra para comunidades indígenas. La Constitución del 5 de febrero sigue siendo, entonces, tanto un logro histórico como un proyecto inacabado.
Su vigencia cotidianamente se prueba en las calles: desde manifestaciones que invocan el artículo 9° sobre libertad de reunión hasta debates parlamentarios que citan el 40° sobre la soberanía nacional. Más que un día de celebración, el 5 de febrero es un recordatorio de que la Constitución no vive solo en los libros, sino en las luchas y conquistas de quienes la exigen, la interpretan y, sobre todo, la viven.
El 5 de febrero no es solo una fecha en el calendario, sino el recordatorio vivo de que México se construyó sobre ideas audaces: un país que eligió plasmar en papel sus principios de libertad, justicia y soberanía cuando otros aún dudaban. La Constitución de 1917, heredera de esa tradición, sigue vigente porque su esencia—garantizar derechos sociales, limitar el poder y distribuir la tierra—resuena en las luchas actuales, desde las comunidades indígenas hasta los movimientos por la transparencia.
Para honrar este legado más allá de los discursos oficiales, basta con ejercer lo que la Carta Magna protege: informarse sobre sus artículos clave, exigir su cumplimiento en lo cotidiano—ya sea en el trabajo, la escuela o el voto—y compartir su historia con las nuevas generaciones, no como un texto lejano, sino como un manual de derechos que pertenece a todos. México seguirá escribiendo su futuro, pero el 5 de febrero recuerda que las páginas más importantes ya están firmadas con la tinta de quienes creyeron en un pacto social justo.