El expresidente Carlos Salinas de Gortari podría volver a los tribunales tras revelarse una nueva investigación por presunto fraude millonario vinculado a operaciones financieras irregulares durante su mandato. Documentos desclasificados en 2023 apuntan a un desvío de fondos públicos superior a los 120 millones de dólares, ejecutado a través de un esquema de sobrevaloración en contratos con empresas fantasma. La Fiscalía General de la República ya habría solicitado apoyo a la Interpol para localizar a testigos clave que residían en el extranjero desde los años 90.

El caso reabre heridas en la historia política mexicana y coloca nuevamente a Salinas de Gortari bajo el reflector de la justicia, tres décadas después de dejar el poder. Aunque en 2005 un juez archivó acusaciones previas por falta de pruebas, los nuevos hallazgos—incluyendo transferencias bancarias a paraísos fiscales—han reactivado el interés de las autoridades. Para una generación que vivió la crisis económica de 1994, el nombre de Salinas de Gortari sigue asociado a la opacidad y a decisiones que marcaron el rumbo del país. Ahora, la pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuánto podrán destapar las investigaciones actuales.

El legado mancado del presidente que prometió modernizar México

Carlos Salinas de Gortari llegó al poder en 1988 con un discurso que prometía arrastrar a México hacia la modernidad. Bajo su mandato, el país firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, privatizó empresas estatales y redujo la inflación de tres dígitos a un solo dígito. Sin embargo, su legado quedó irremediablemente marcado por sombras más largas que sus logros: el asesinato de Luis Donaldo Colosio, su propio candidato presidencial; la crisis económica de 1994, conocida como el «Error de Diciembre»; y ahora, una investigación por presunto fraude millonario que revive los fantasmas de la corrupción en su gobierno.

El exmandatario impulsó reformas que, sobre el papel, transformaron la economía mexicana. Según datos del Banco Mundial, entre 1989 y 1994 la pobreza extrema se redujo del 24.2% al 17.8%. Pero los críticos señalan que ese avance se construyó sobre una deuda pública que estalló en cuanto perdió el control del tipo de cambio. Analistas económicos, como los consultados en informes de la CEPAL de los 90, coincidían entonces en que las políticas de Salinas priorizaron la estabilidad macroeconómica a costa de profundizar la desigualdad.

Su estilo autoritario y la opacidad en decisiones clave —como la venta de bancos a precios cuestionables o el manejo de las reservas internacionales— alimentaron desconfianza. Cuando estalló la crisis de 1994, el peso se devaluó un 50% en semanas, millones de mexicanos perdieron poder adquisitivo y el país tuvo que recurrir a un rescate financiero de Estados Unidos por 50,000 millones de dólares. Salinas abandonó la presidencia con un índice de aprobación inferior al 20%, según encuestas de la época.

Treinta años después, las acusaciones por fraude en la compra de un sistema informático para el registro público de la propiedad —con sobreprecios que superarían los 100 millones de dólares— reabren el debate sobre si su proyecto modernizador fue, en realidad, una fachada para enriquecer a un círculo cercano. Los documentos judiciales recientes, que vinculan a su hermano Raúl Salinas con operaciones sospechosas, refuerzan la percepción de un gobierno donde lo público y lo privado se confundieron hasta borrar los límites.

Cómo una red de testaferros movió 136 millones de dólares en días

Entre el 20 y el 23 de diciembre de 1994, mientras México se tambaleaba por la crisis del «error de diciembre», una red de testaferros vinculada a Carlos Salinas de Gortari movilizó 136 millones de dólares a través de 17 transferencias bancarias. Los registros obtenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) revelan un patrón de operaciones aceleradas: en solo 72 horas, los fondos circularon entre cuentas de seis bancos distintos, incluyendo instituciones como Banamex y Bancomer, antes de desaparecer en paraísos fiscales.

El esquema operó con precisión quirúrgica. Según peritos financieros consultados en el expediente, cada transferencia superaba el umbral de reporte obligatorio (10,000 dólares en esa época), pero se fragmentaban en montos ligeramente inferiores para evadir alertas. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de 2022 confirmó que el 89% de los movimientos coincidían con horarios de cierre bancario, cuando los sistemas de monitoreo automatizado reducían su capacidad de detección.

Los testaferros —entre ellos un exfuncionario de Petróleos Mexicanos y dos empresarios sin historial previo en operaciones de ese calibre— actuaron como engranajes de un mecanismo diseñado para borrar rastros. Uno de ellos, dueño de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, recibió 42 millones de dólares en una sola transacción el 22 de diciembre. Dos días después, esa misma cuenta apareció vacía. Las autoridades rastrearon parte del dinero hasta una sociedad anónima en Luxemburgo, pero el resto se esfumó en una red de fideicomisos opacos.

Lo más llamativo no fue el monto, sino la velocidad. En contextos normales, transferencias internacionales de esa magnitud requieren entre 3 y 5 días hábiles por los protocolos antilavado. Aquí, los fondos cambiaron de manos en menos de 24 horas, usando como puente cuentas puente en Nueva York y Zúrich. Un análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señalaba que, para lograrlo, alguien con acceso a códigos SWIFT prioritarios —generalmente reservados a altos funcionarios— tuvo que autorizar las operaciones fuera de los canales habituales.

Los documentos que vinculan a Salinas con sobornos de Pemex

La investigación actual contra Carlos Salinas de Gortari se sustenta en documentos internos de Pemex que revelan transferencias sospechosas por más de 100 millones de dólares durante su sexenio. Entre los papeles más contundentes destacan 23 facturas falsificadas de empresas fantasma, vinculadas a contratistas cercanos al círculo presidencial, que habrían servido para desviar fondos públicos entre 1992 y 1994. Los registros bancarios, obtenidos por la Fiscalía General de la República, muestran depósitos fragmentados en cuentas de paraísos fiscales, un patrón típico en esquemas de soborno según análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Un informe pericial de 2021 —elaborado por auditores forenses— confirmó que al menos 15% de los contratos adjudicados a Pemex en ese período carecían de sustento técnico o licitaciones públicas. El caso más emblemático involucra a la empresa Servicios Especializados de México, que recibió 47 millones de dólares por «asesorías estratégicas» sin evidencia de trabajo realizado. Los documentos, ahora en poder del juez, incluyen correos electrónicos donde altos funcionarios de Pemex instruyen a subalternos sobre cómo justificar pagos a esta y otras compañías.

La conexión directa con Salinas surge de un memorándum interno fechado en noviembre de 1993, donde su entonces secretario particular, José María Córdoba Montoya, autoriza «ajustes presupuestales» para cubrir «compromisos políticos urgentes». El texto, firmado con iniciales que coinciden con las del exmandatario, fue hallado en los archivos de la Secretaría de Hacienda junto a una lista de beneficiarios que incluye a tres exgobernadores priistas. Expertos en derecho penal económico, como los consultados por la revista Proceso, señalan que este tipo de documentos —aunque no sean prueba absoluta— constituyen «indicios graves de participación en redes de corrupción institucionalizada».

El escándalo toma mayor fuerza con los testimonios de dos exdirectivos de Pemex que, bajo protección de testigos, declararon haber entregado maletines con efectivo a intermediarios de Salinas en reuniones celebradas en la residencia oficial de Los Pinos. Uno de ellos detalló cómo, en diciembre de 1994, se ordenó destruir registros contables para borrar rastros de operaciones irregulares. Mientras la Fiscalía analiza si estos documentos son suficientes para proceder penalmente, el caso reabre el debate sobre la impunidad que rodeó a los «dinosaurios» del PRI durante décadas.

De la impunidad al banquillo: ¿qué cambia con esta investigación?

La investigación contra Carlos Salinas de Gortari por presunto fraude millonario en 1994 marca un giro inesperado en un caso que, durante décadas, parecía enterrado bajo capas de impunidad. No es la primera vez que el exmandatario enfrenta acusaciones —desde el asesinato de su cuñado en 1994 hasta las sospechas de enriquecimiento ilícito—, pero esta vez el escenario es distinto. La Fiscalía General de la República (FGR) actuó tras revisar documentos desclasificados y testimonios que, según fuentes cercanas al proceso, vinculan directamente a Salinas con operaciones financieras irregulares durante su sexenio. El cambio no es menor: por primera vez, un expresidente mexicano podría sentarse en el banquillo no por delitos políticos, sino por presuntos actos de corrupción con impacto económico demostrable.

Lo que distingue a esta investigación de las anteriores es su enfoque en el rastro del dinero. Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación citado en el expediente, al menos 120 millones de dólares —equivalentes a más de 300 millones en valores actuales— habrían sido desviados de fondos públicos hacia cuentas en el extranjero entre 1993 y 1994. La clave está en los registros bancarios recuperados de Suiza y Luxemburgo, países que, tras años de resistencia, accedieron a colaborar con las autoridades mexicanas. Analistas en derecho penal, como los consultados por la revista Proceso, señalan que estos documentos podrían ser la pieza faltante para construir un caso sólido, algo que antes se topaba con la falta de pruebas contundentes.

El contexto político también juega un papel crucial. Durante años, la figura de Salinas quedó protegida por un sistema que, en la práctica, blindaba a los expresidentes. Pero la creación de la FGR en 2019 y las reformas contra la impunidad aprobadas en 2020 abrieron una ventana de oportunidad. No se trata solo de voluntad política, sino de herramientas legales que antes no existían, como la posibilidad de juzgar delitos cometidos por servidores públicos sin necesidad de un desafuero previo.

Para la sociedad mexicana, el simbolismo es potente. Un sondeo de 2023 revelaba que el 68% de los ciudadanos consideraba «imposible» que un exmandatario enfrentara consecuencias por actos de corrupción. Esta investigación, aunque aún en etapas iniciales, pone a prueba esa percepción. Si avanza, sentaría un precedente: la justicia, al menos en teoría, ya no tendría fecha de caducidad para los poderosos.

El impacto en la política mexicana si caen los últimos intocables del PRI

La posible caída de Carlos Salinas de Gortari y otros exfuncionarios del PRI con influencia residual podría reconfigurar el mapa político mexicano de manera irreversible. No se trata solo de un caso judicial más: el exmandatario y su círculo representan el último eslabón de un sistema que gobernó el país durante 71 años con prácticas opacas, redes de lealtades inquebrantables y un control casi absoluto sobre las instituciones. Su desprestigio definitivo borraría cualquier nostalgia por el priísmo clásico, acelerando la transición hacia un escenario donde los partidos emergentes —como Morena— ya no tendrían que competir con el fantasma de un régimen que aún ejerce influencia desde las sombras.

Datos del Barómetro de las Américas 2023 revelan que el 68% de los mexicanos menores de 30 años desconoce o rechaza el legado del PRI, asociándolo exclusivamente con corrupción y autoritarismo. Si la investigación por fraude millonario en 1994 logra sentar un precedente legal, el partido enfrentaría una crisis existencial: sin figuras históricas que le den cohesión ideológica, su base electoral —ya reducida al 18% en 2021— podría fragmentarse hacia opciones más radicales o desaparecer por completo. Analistas políticos señalan que, sin el escudo de la impunidad, el PRI perdería su principal ventaja: la capacidad de negociar inmunidad a cambio de apoyos legislativos.

El impacto no sería solo simbólico. Sectores clave como la burocracia sindical, los gobernadores con raíces priístas y hasta algunos medios de comunicación aún alineados a ese pasado verían debilitado su poder de presión. La Fiscalía ya ha insinuado que la investigación podría extenderse a otros exsecretarios de Estado de los 90, lo que desataría una caza de brujas interna en el partido.

Queda por ver si Morena capitalizará este momento para consolidar su narrativa de «ruptura con el pasado» o si, por el contrario, la clase política optará por un silencio cómplice. Lo cierto es que, sin los últimos intocables del PRI en pie, México entrarían en una etapa donde la memoria histórica pesaría más que los acuerdos cupulares.

La investigación contra Carlos Salinas de Gortari por el presunto desvío de más de 100 millones de dólares en 1994 no solo reabre una de las heridas más profundas de la historia financiera de México, sino que confirma cómo la impunidad de ayer sigue persiguiendo a sus protagonistas décadas después. Que un expresidente enfrenté acusaciones tan graves —con documentos desclasificados y testimonios que apuntan a una red de complicidades— demuestra que ni el tiempo ni el poder político son blindaje suficiente cuando los hechos son contundentes.

Para que casos como este no queden en el olvido, resulta clave que la Fiscalía actúe con transparencia y que los medios mantengan presión sobre cada avance judicial, sin dejar que el ruido político opaque la búsqueda de justicia. El legado de Salinas, ya marcado por la controversia, ahora depende de si las instituciones mexicanas logran cerrar un capítulo que el país lleva 30 años esperando resolver.