Doce toneladas diarias de mercancía desaparecían como por arte de magia en el corazón logístico del Estado de México. Durante meses, una banda organizada operó con impunidad dentro de la Central de Abastos Toluca, desvalijando camiones completos de alimentos, electrodomésticos y productos de primera necesidad antes de que siquiera llegaran a los puestos de venta. El modus operandi era tan audaz como eficiente: falsificación de documentos, sobornos a custodios y una red de distribuidores que revendía la mercancía robada en mercados informales de la zona metropolitana.
El golpe a esta estructura criminal no solo recupera millones en pérdidas para comerciantes y transportistas, sino que expone las vulnerabilidades de un recinto que mueve más de 20 mil toneladas de productos al día. La Central de Abastos Toluca, clave en la cadena de suministro de la región, se había convertido en terreno fértil para el crimen organizado, afectando desde pequeños proveedores hasta grandes cadenas de supermercados. La detención de los implicados—entre ellos dos empleados del recinto—obliga ahora a replantear los protocolos de seguridad en un espacio donde el flujo constante de mercancía y personas siempre ha sido su mayor fortaleza… y su talón de Aquiles.
El corazón logístico detrás del mayor mercado de México
La Central de Abastos de Toluca no es solo el mercado más grande de México, sino un coloso logístico que mueve cerca de 18,000 toneladas de productos diarios, desde frutas y verduras hasta carnes y granos. Ubicada en un terreno de 127 hectáreas —equivalente a 180 campos de fútbol—, opera como el eje distribuidor que alimenta al 60% de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y a regiones aledañas como el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. Su infraestructura incluye 12 naves de venta al mayoreo, 3 mercados minoristas, 22 bodegas refrigeradas y un sistema de frío que mantiene la cadena de suministro sin interrupciones.
El diseño del recinto responde a una necesidad crítica: conectar a más de 5,000 comerciantes fijos, 2,000 ambulantes y cerca de 100,000 visitantes diarios con productos frescos a precios competitivos. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el 78% de los alimentos que circulan en la central provienen de 23 estados de la república, mientras que el resto se importa de países como Estados Unidos, Chile y Guatemala. La eficiencia del lugar depende de un sistema de turnos que inicia a las 2:00 a.m., cuando llegan los primeros camiones con mercancía, y culmina pasada la medianoche, con la limpieza y preparación para el siguiente día.
Pero su relevancia va más allá de los números. La central funciona como un termómetro económico: un alza en los precios del jitomate aquí, por ejemplo, se refleja en los mercados callejeros de Ecatepec o Nezahualcóyotl en menos de 48 horas. También es un imán para delitos como el robo hormiga, la extorsión a transportistas y, como reveló esta investigación, el desvío masivo de mercancía. Su ubicación estratégica —a solo 60 kilómetros de la CDMX y con acceso a cuatro carreteras federales— la convierte en un punto neurálgico, pero también en un blanco para organizaciones criminales que buscan aprovechar su volumen de operaciones.
El modelo de seguridad del lugar, sin embargo, ha quedado en deuda. Aunque cuenta con 150 elementos de vigilancia privada y cámaras en puntos clave, la extensión del terreno y la rotación constante de personas dificultan el control. Expertos en logística señalan que mercados de este tamaño requieren sistemas de rastreo por GPS para los camiones, inspecciones aleatorias con escáneres y protocolos más estrictos para el acceso de personal no registrado. La detección de la banda que desviaba 12 toneladas diarias —equivalente a la carga de dos tráileres completos— expuso las grietas de un sistema que, pese a su magnitud, sigue operando con brechas críticas.
Operativo relámpago desmantela red con 30 detenciones y camiones clónicos
El golpe fue certero. Antes del amanecer, 150 elementos de la Fiscalía General del Estado de México, apoyados por la Guardia Nacional, desplegaron un operativo simultáneo en siete municipios que desarticuló una de las redes de robo hormiga más organizadas de los últimos años. Treinta detenciones, entre ellas cuatro presuntos líderes, y la incautación de 12 camiones clónicos —réplicas casi idénticas a los de empresas legítimas, con logotipos falsificados y números de serie alterados— marcaron el fin de una operación que desfalcaba diariamente 12 toneladas de mercancía en la Central de Abastos de Toluca. Los vehículos, equipados con sistemas de bloqueo de señal GPS, circulaban sin levantar sospechas entre los más de 3 mil camiones que entran y salen a diario del recinto.
El modus operandi revelaba una logística digna de estudio. Según informes de la Procuraduría mexiquense, la banda operaba con células especializadas: un grupo se encargaba de sobornar a vigilantes para obtener acceso a zonas restringidas, otro falsificaba documentos de transporte en talleres clandestinos ubicados en Ecatepec, y un tercero —integrado por ex choferes de empresas de logística— manejaba los camiones clónicos. El valor de la mercancía robada ascendía a 45 millones de pesos mensuales, cifra que equivale al 3% del volumen total de ventas en la Central de Abastos, según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). Productos perecederos como aguacate, limón y carne eran los más afectados, pues su rápida comercialización en mercados informales dificultaba su rastreo.
El operativo no solo recuperó mercancía por 8 millones de pesos, sino que expuso la vulnerabilidad de un sistema donde la corrupción interna facilitaba las operaciones. Agentes encontraron en poder de los detenidos listas con nombres de empleados de la Central que, a cambio de sumas que oscilaban entre los 5 mil y 20 mil pesos semanales, alertaban sobre redadas o proporcionaban horarios de carga de los camiones objetivo. La Fiscalía ya investiga a 14 trabajadores, entre ellos tres supervisores de seguridad.
Mientras las autoridades analizan si la red tenía conexiones con otras bandas dedicadas al robo de combustible en la región —el «huachicol» comparte rutas y métodos de distribución—, comerciantes de la Central respiran alivio. Aunque el golpe fue contundente, el precedentes obliga a replantear protocolos: desde la implementación de lectores biométricos en accesos hasta la creación de un registro único de transportistas verificados, medidas que, hasta ahora, solo existían en el papel.
Rutas, horarios y el modus operandi de un robo millonario diario
El operativo no fue casualidad. Durante meses, la banda actuaba con precisión militar en la Central de Abastos de Toluca, donde el movimiento diario de 24 mil toneladas de mercancía —según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico mexiquense— les permitía camuflar el desvío sistemático de productos. Sus rutas comenzaban antes del amanecer, cuando los primeros camiones de carga ingresaban al complejo. Los cómplices, infiltrados entre los trabajadores, marcaban con señales casi imperceptibles (un código de colores en las cajas o etiquetas mal colocadas) los pallets destinados al robo. Una vez identificados, la mercancía era redirigida hacia vehículos clónicos de empresas legítimas, estacionados estratégicamente en zonas ciegas de las cámaras.
Los horarios eran clave. Entre las 4:00 y 6:00 de la mañana, el caos logístico por la llegada masiva de proveedores facilitaba las maniobras. La banda explotaba ese margen: mientras los inspectores verificaban documentos en los accesos principales, otro grupo extraía los productos por salidas secundarias, usando credenciales falsas de transportistas. Testimonios de comerciantes afectados revelan que el modus operandi incluía sobornar a guardias de seguridad con pagos semanales que oscilaban entre 5 mil y 10 mil pesos, dependiendo del volumen robado ese día.
El destino final de las 12 toneladas diarias —equivalentes a un camión de carga completo— era un almacén en el municipio de Metepec, adaptado como centro de distribución ilegal. Allí, los productos (desde granos básicos hasta electrodomésticos) se reempaquetaban y vendían a precios hasta 40% menores en mercados informales de la zona metropolitana. Según informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la banda operaba con una estructura jerárquica: los «halcones» vigilaban los movimientos de las autoridades, los «cargadores» ejecutaban el trasiego, y un líder —aún no identificado— coordinaba las ventas desde la sombra.
La caída del grupo se precipitó cuando agentes encubiertos rastrearon un lote de 300 cajas de aceite comestible robadas, marcadas con un sello de la marca La Corona. El seguimiento llevó a la detención de siete personas en flagrancia, incluyendo a dos empleados de la Central que confesaron bajo presión el esquema de corrupción interna. Las investigaciones continúan para desmantelar la red de compraventa, que, según estimaciones preliminares, movía mercancía robada por un valor superior a los 15 millones de pesos mensuales.
Cómo afecta a comerciantes y consumidores el desvío de alimentos
El desvío sistemático de 12 toneladas diarias de alimentos en la Central de Abastos de Toluca no solo representaba un golpe económico para los mayoristas, sino que alteraba toda la cadena de suministro. Los comerciantes fijos del mercado denunciaban desde meses atrás inconsistencias en los inventarios: cajas de frutas desaparecían entre el área de descarga y los puestos de venta, mientras que productos perecederos como carnes y lácteos llegaban a los consumidores con fechas de caducidad sospechosamente extendidas. Según un informe de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canaco), el 38% de los locatarios en mercados de abasto del Estado de México reportaron pérdidas de entre el 15% y 20% en sus ganancias anuales por robos internos durante 2023, cifras que ahora cobran sentido con esta operación criminal desarticulada.
Para los consumidores, el impacto era menos visible pero igual de dañino. Los precios en los puestos se mantenían artificialmente altos para compensar las mermas, mientras que la calidad de los productos fluctuaba sin explicación. En colonias populares de Toluca y municipios aledaños, donde familias dependen de la Central para surtir sus despensas, se normalizó encontrar manzanas con golpes ocultos bajo capas de cera o empaques de pollo con sellos de frío reutilizados. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había recibido 117 quejas solo en el primer trimestre de este año por «posibles alteraciones en peso y frescura» en productos provenientes de este centro de distribución.
El modus operandi de la banda agravaba el problema: no se trataba de robos al azar, sino de un esquema organizado que redirigía mercancía hacia redes de reventa informal. Camiones con logos falsos de empresas fantasmas salían de la Central con carga «oficial», pero terminaban en tianguis clandestinos o incluso en centrales de abasto de estados vecinos, donde los productos se vendían hasta un 40% más baratos. Esto generaba una competencia desleal que ahogaba a los comerciantes formales, obligados a cumplir con impuestos, permisos sanitarios y aranceles de piso.
La detención de los 17 implicados —entre ellos dos exfuncionarios de la Central— podría marcar un antes y después. Sin embargo, el daño ya está hecho: pequeños distribuidores que dependían de créditos para comprar mercancía al mayoreo ahora enfrentan deudas impagables, y los consumidores más vulnerables pagaron durante meses por alimentos de menor calidad sin saber que financiaban una red criminal. La reconstrucción de la confianza en el sistema requerirá no solo mayor vigilancia, sino mecanismos transparentes que garanticen la trazabilidad de cada tonelada que entre y salga del recinto.
Medidas urgentes para blindar la cadena de suministro en Toluca
La detención de la banda que desvalijaba 12 toneladas diarias de mercancía en la Central de Abastos de Toluca expuso grietas críticas en la cadena de suministro local. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el Estado de México, el 38% de las pérdidas en mercados mayoristas se vinculan a robos internos y externos no reportados, un problema que se agrava cuando los protocolos de seguridad dependen de registros manuales o vigilancia esporádica. La solución no pasa solo por aumentar patrullajes, sino por implementar sistemas de trazabilidad en tiempo real que monitoreen desde el ingreso de productos hasta su distribución.
El primer paso urgente es instalar puntos de control con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) en los accesos principales y zonas de almacenamiento. Este sistema, ya utilizado en centros como la Central de Abastos de la Ciudad de México, reduce en un 40% los robos al generar alertas automáticas cuando mercancía no registrada intenta salir de las instalaciones. En Toluca, donde el movimiento diario supera las 3 mil toneladas de alimentos, la inversión en infraestructura digital podría recuperarse en menos de ocho meses solo con la reducción de mermas.
Otra medida inmediata es la creación de un comité de seguridad integrado por locatarios, autoridades municipales y expertos en logística. La experiencia en mercados como el de Ecatepec demuestra que cuando los comerciantes participan activamente en la vigilancia—mediante reportes anónimos y cámaras comunitarias—el índice de delitos disminuye hasta en un 25%. En Toluca, este modelo podría adaptarse con reuniones semanales para analizar patrones de robo y ajustar rutas de distribución.
La capacitación del personal también juega un papel clave. Muchos robos ocurren por complicidad o descuido de empleados que no reconocen técnicas de sustracción, como el «cambiazo» de cajas con mercancía de menor valor. Talleres prácticos sobre manejo de inventarios y detección de anomalías, impartidos en colaboración con la Procuraduría estatal, podrían cerrar esta brecha. La Central de Abastos de Guadalajara logró reducir un 18% las pérdidas con un programa similar en 2022.
Finalmente, se requiere un protocolo de respuesta rápida que coordine a la policía municipal, la Guardia Nacional y los servicios de inteligencia comercial. Actualmente, el tiempo promedio entre un robo y la intervención policial en Toluca ronda las tres horas, lapso en el que la mercancía ya fue trasladada a otros estados. Con un centro de mando unificado y acceso a bases de datos de vehículos sospechosos, este plazo podría acortarse a menos de 30 minutos.
El desmantelamiento de esta banda criminal en la Central de Abastos de Toluca no solo recupera la seguridad para cientos de comerciantes, sino que expone una red de corrupción que operaba con impunidad, robando hasta 12 toneladas diarias de mercancía bajo la complicidad de actores internos. La operación, que combinó inteligencia policial y tecnología de rastreo, demuestra que incluso en espacios tan complejos como este centro de distribución—vital para la economía regional—es posible frenar el crimen organizado cuando hay voluntad institucional y coordinación entre autoridades.
Para los locatarios y transportistas, el caso debe servir como un llamado a reforzar protocolos: desde verificar la autenticidad de documentos de carga hasta implementar sistemas de monitoreo en tiempo real, porque la delincuencia siempre busca resquicios en la logística más básica. Ahora el reto será mantener la presión sobre las estructuras que quedan, antes de que nuevas bandas ocupen el vacío dejado por esta detención.