Arabia Saudita desplegará 5.000 millones de dólares en México para impulsar proyectos de energía solar, eólica e hidrógeno verde, una inversión sin precedentes que marca un giro estratégico en la relación entre el reino petrolero y la mayor economía de América Latina. El anuncio, confirmado por fuentes oficiales durante la visita de una delegación saudí a Ciudad de México, incluye la construcción de tres parques solares en Sonora y un complejo de electrolizadores en Tamaulipas, con capacidad para generar 2.500 megavatios combinados antes de 2028.
La alianza Arabia Saudita-México trasciende lo energético: refleja un cálculo geopolítico donde Riad busca diversificar su portafolio más allá del petróleo, mientras que México acelera su transición verde con capital extranjero en un momento de tensiones comerciales con Estados Unidos. Para las empresas mexicanas, el acuerdo abre acceso a tecnología saudí de punta en almacenamiento de energía; para los consumidores, podría traducirse en una reducción del 15% en tarifas eléctricas en regiones del norte del país. La jugada consolida a Arabia Saudita-México como un eje inesperado —pero cada vez más sólido— en el tablero global de las energías renovables.
Un giro inesperado en la relación energética
El anuncio de Arabia Saudita sobre su inversión de 5.000 millones de dólares en energía limpia mexicana no solo sorprendió por su magnitud, sino por el giro estratégico que implica. Tradicionalmente, la relación energética entre ambos países se había centrado en el petróleo: México como importador de crudo saudí y Riad como actor clave en los mercados globales. Sin embargo, este movimiento marca un cambio radical. Según datos de la Secretaría de Energía de México, en 2023 el 60% de las importaciones mexicanas de combustibles fósiles provino de Medio Oriente, con Arabia Saudita a la cabeza. Ahora, el reino apuesta por convertirse en socio tecnológico en renovables, un terreno donde México busca reducir su dependencia de los hidrocarburos.
El cambio no es casual. Analistas del sector energético señalan que Riad está diversificando sus inversiones para mitigar riesgos geopolíticos y preparar su economía para un futuro postpetróleo. México, con su potencial en solar y eólica —especialmente en estados como Oaxaca y Yucatán—, se convierte en un laboratorio ideal. La inversión saudí no se limita a paneles o turbinas: incluye transferencia de tecnología y capacitación, áreas donde el país árabe ha acelerado su desarrollo en los últimos cinco años.
Lo paradójico es que, mientras Arabia Saudita financia proyectos verdes en México, en su territorio sigue apostando fuerte por el petróleo. La estrategia parece calcular que, al dominar ambas caras de la moneda energética, el reino mantendrá influencia global sin importar hacia dónde gire el mercado. Para México, la alianza ofrece algo más que fondos: la oportunidad de saltar etapas en innovación, evitando errores ya cometidos por otros.
El acuerdo también refleja un cálculo político. Con tensiones crecientes entre Estados Unidos y Arabia Saudita por temas como los precios del crudo o la guerra en Yemen, Riad busca aliados en América Latina. México, con su política exterior de no intervención pero pragmática, emerge como puente. La energía limpia se convierte así en moneda de intercambio, no solo económica, sino diplomática.
Dónde y cómo se repartirán los 5.000 millones
Los 5.000 millones de dólares que Arabia Saudita destinará a México se concentrarán en tres regiones clave: el norte del país, el corredor industrial del Bajío y la península de Yucatán. Según fuentes de la Secretaría de Energía, el 60% de los fondos se asignarán a proyectos solares en Sonora y Chihuahua, donde la radiación solar supera los 6 kWh/m² al día, una de las tasas más altas del continente. Las autoridades mexicanas priorizarán zonas con infraestructura existente, como los parques industriales de Monterrey y Querétaro, para acelerar la implementación.
El reparto no será uniforme. Mientras el norte recibirá la mayor parte de la inversión en energía fotovoltaica, el centro del país —específicamente Guanajuato y San Luis Potosí— albergará plantas de hidrógeno verde vinculadas a la industria automotriz. Un informe de la CRE (Comisión Reguladora de Energía) señala que estos proyectos podrían generar hasta 12,000 empleos directos en los próximos cinco años. La península de Yucatán, por su parte, explorará opciones de energía eólica marina, aunque con un presupuesto inicial más modesto.
La distribución operará bajo un modelo de asociación público-privada. El gobierno mexicano aportará terrenos y permisos agilizados, mientras que empresas sauditas como ACWA Power —especializada en energías renovables— gestionarán la tecnología y la operación. Los contratos incluirán cláusulas de transferencia tecnológica para que ingenieros mexicanos se capaciten en Riyadh y Jeddah. Los primeros 1.200 millones de dólares se liberarán en 2025, enfocados en la construcción de dos megaplantas solares en Hermosillo y Saltillo.
Un detalle menos visible, pero crítico, es el destino del 15% restante: investigación. La UNAM y el Tecnológico de Monterrey colaborarán con el Centro de Investigación en Energía de Arabia Saudita para desarrollar baterías de litio-azufre, más económicas que las actuales. Los fondos también cubrirán estudios de factibilidad para una red de transmisión que conecte los nuevos parques renovables con la red nacional.
Tecnologías limpias que priorizará Riad en México
Riad centrará sus inversiones en México en tecnologías limpias con alto potencial de escalabilidad y adaptación al contexto local. Entre las prioridades destaca la energía solar fotovoltaica, donde el país árabe ya ha desarrollado proyectos emblemáticos como el parque solar Sakaka, capaz de abastecer a 300.000 hogares. Esta experiencia se trasladará a regiones mexicanas con irradiación superior a 5 kWh/m²/día, como Sonora y Chihuahua, donde la eficiencia de los paneles puede superar en un 20% la media global. También se impulsarán sistemas de almacenamiento con baterías de litio-azufre, una tecnología en la que Arabia Saudita ha invertido más de 1.200 millones de dólares en I+D durante la última década.
El hidrógeno verde ocupará un lugar clave en la estrategia conjunta. Según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), México podría producir este combustible a menos de 2 dólares por kilogramo para 2030, gracias a su combinación de recursos solares, eólicos y acceso a puertos estratégicos. Riad aportará su experiencia en plantas piloto como NEOM, donde ya operan electrolizadores de 2 GW, y buscará replicar modelos de producción descentralizada en zonas costeras mexicanas como Tamaulipas y Veracruz. La meta es reducir los costos logísticos asociados al transporte de amoníaco verde, derivado del hidrógeno, hacia mercados asiáticos.
Otra área de enfoque será la captura y uso de carbono (CCUS) aplicada a industrias intensivas en emisiones. Arabia Saudita ha logrado capturar más de 800.000 toneladas anuales de CO₂ en su planta de Uthmaniyah, y transferirá este conocimiento a complejos cementeros y petroquímicos mexicanos, donde el potencial de reducción de emisiones supera el 30%. La tecnología de captura directa del aire (DAC), aunque aún en fase temprana, también formará parte de los pilotos, especialmente en regiones con alta concentración de emisiones difusas.
La modernización de redes eléctricas inteligentes completará el portafolio, con énfasis en soluciones para integrar energías intermitentes. Riad destinará fondos a sistemas de gestión de demanda en tiempo real y a microrredes híbridas, siguiendo el modelo implementado en la ciudad de Yanbu, donde se redujo un 15% el desperdicio de energía renovable. En México, estos sistemas se adaptarán a comunidades rurales y polígonos industriales, priorizando la resiliencia ante fenómenos climáticos extremos.
El impacto en empleos y cadenas de suministro locales
La inyección de 5.000 millones de dólares en proyectos mexicanos de energía limpia no solo transformará el panorama energético del país, sino que también reconfigurará el mercado laboral en regiones clave. Estados como Yucatán, Sonora y Baja California Sur —donde se concentran los parques solares y eólicos más ambiciosos— verán un aumento inmediato en la demanda de técnicos especializados, ingenieros en energías renovables y operarios de mantenimiento. Según proyecciones de la Secretaría de Energía, solo la construcción de la planta solar más grande de Latinoamérica, ubicada en Puerto Peñasco, generará alrededor de 4.500 empleos directos en su fase inicial, con un efecto multiplicador en comercios locales y servicios de logística.
Las cadenas de suministro regionales enfrentarán una presión sin precedentes. La necesidad de paneles solares, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento impulsará la producción nacional de componentes, pero también expondrá dependencias críticas. México importa actualmente el 80% de sus células fotovoltaicas de China y Malasia, un desequilibrio que podría corregirse con inversiones paralelas en manufactura local. Empresas mexicanas como Zuma Energía ya han anunciado alianzas con proveedores saudíes para transferir tecnología y reducir tiempos de entrega, un movimiento que beneficia a pymes locales dedicadas a la metalmecánica y la electrónica.
El impacto en el empleo rural será particularmente notable. Comunidades cercanas a los proyectos, como las de la península de Yucatán, recibirán capacitación en operaciones básicas de plantas renovables, un giro radical para una región donde la agricultura y el turismo han sido históricamente los únicos motores económicos. Analistas del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que, por cada megavatio instalado en zonas marginadas, se crean entre 15 y 20 empleos indirectos en transporte, seguridad y servicios de apoyo.
No todo será crecimiento sin desafíos. La llegada masiva de capital saudí acelerará la competencia por mano de obra calificada, elevando salarios en sectores específicos pero dejando atrás a trabajadores no especializados. Gremios como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación han advertido sobre posibles cuellos de botella si no se alinean los programas educativos con las necesidades técnicas de los nuevos proyectos. La diferencia entre aprovechar esta ola de inversión o quedar relegado dependerá, en gran medida, de cómo el gobierno y el sector privado articulen estrategias de formación ágiles y accesibles.
Hacia una alianza estratégica más allá del petróleo
La relación entre Arabia Saudita y México ha girado históricamente alrededor del petróleo, con ambos países como actores clave en la OPEP+ y socios comerciales en el sector energético tradicional. Sin embargo, el anuncio de una inversión de 5.000 millones de dólares en proyectos mexicanos de energía limpia marca un giro estratégico hacia una colaboración más diversificada. Según datos del Banco Mundial, México requiere al menos 126.000 millones de dólares en inversiones para cumplir sus metas de transición energética hacia 2030, lo que convierte a este acuerdo en un paso crítico para acelerar el desarrollo de infraestructura renovable en el país.
El cambio de enfoque no es casual. Analistas del sector energético señalan que, mientras el petróleo sigue siendo un pilar económico para ambas naciones, la volatilidad de los mercados y la presión global por reducir emisiones han impulsado a los gobiernos a buscar alternativas. Arabia Saudita, a través de su iniciativa Vision 2030, ya ha invertido fuertemente en energías limpias dentro de su territorio, como el proyecto de hidrógeno verde NEOM, que busca posicionar al reino como líder en tecnologías sostenibles. México, por su parte, ofrece condiciones geográficas ideales para energías solar y eólica, además de un marco regulatorio en evolución que atrae capital extranjero.
La alianza también refleja un cálculo geopolítico. Para Riyadh, diversificar sus inversiones en América Latina —especialmente en un país con acceso preferencial a mercados como Estados Unidos y Canadá— fortalece su influencia más allá de Asia y Europa. México, mientras tanto, gana no solo financiamiento, sino tecnología y conocimiento técnico de un socio con experiencia en escalar proyectos energéticos a gran escala.
El memorando de entendimiento firmado en 2023, que sentó las bases para esta inversión, ya contemplaba cooperación en hidrógeno verde, captura de carbono y modernización de redes eléctricas. Aunque los detalles específicos de los proyectos aún no se han revelado, fuentes cercanas a las negociaciones indican que se priorizarán regiones como el Istmo de Tehuantepec, donde el potencial eólico es de los más altos del mundo, y el norte del país, ideal para plantas solares a gran escala. La clave estará en que estos fondos se traduzcan en empleos locales y transferencia de tecnología, evitando que queden como simples inversiones extractivas.
La alianza entre Arabia Saudita y México en energía limpia marca un giro estratégico: no solo inyecta 5.000 millones de dólares en proyectos solares, eólicos e hidrógeno verde, sino que consolida a Latinoamérica como destino clave para inversiones árabas más allá del petróleo. El acuerdo, que prioriza transferencia tecnológica y empleo local, demuestra que la transición energética ya no es un discurso, sino un negocio con plazos concretos—el primero de ellos, la planta solar en Sonora que arrancará operaciones en 2026.
Para que el impacto trascienda los titulares, México debe agilizar permisos ambientales y formar mano de obra especializada, evitando los cuellos de botella que ahogaron iniciativas similares en el pasado. Este no es el final, sino el primer movimiento de un tablero más amplio: si la colaboración avanza sin tropiezos, podría redefinir el mapa geopolítico de la energía en la próxima década.