El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este lunes una ofensiva legal sin precedentes: un paquete de 10 reformas constitucionales para reconfigurar el Instituto Nacional Electoral (INE) desde sus cimientos. El anuncio, realizado en su conferencia matutina, incluye cambios radicales como la reducción de consejeros electorales, la eliminación de órganos internos y la modificación de los criterios para designar a su titular. La estrategia, bautizada como plan B AMLO reforma electoral, llega tras el frenazo que sufrió su iniciativa original en el Congreso, donde la oposición y parte de Morena bloquearon los cambios más ambiciosos en abril pasado.
El movimiento no es solo un ajuste técnico, sino un giro en la batalla política que ha polarizado al país desde 2022. Con el plan B AMLO reforma electoral, el Ejecutivo apuesta por una ruta alternativa: reformar la Constitución en lugar de las leyes secundarias, lo que obligaría a la oposición a negociar o arriesgarse a un enfrentamiento directo con el titular del Poder Ejecutivo. Para los ciudadanos, el debate trasciende lo partidista: toca el corazón de la democracia mexicana, desde el financiamiento de los partidos hasta la autonomía de quien organiza las elecciones. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuánto costarán.
El origen del conflicto entre AMLO e INE
La tensión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE) no es reciente. Arrancó con fuerza en 2019, cuando el mandatario acusó al órgano de ser «cómplice de la corrupción» durante los gobiernos anteriores. Desde entonces, los roces se han intensificado: en 2022, el INE denunció recortes presupuestales del 20%, mientras que AMLO insistía en que el instituto gastaba más que el promedio latinoamericano en elecciones.
El conflicto escaló con la propuesta de reforma electoral de 2022, que buscaba reducir el tamaño del INE, eliminar consejeros y recortar su financiamiento. Aunque la Suprema Corte frenó parte de los cambios, el enfrentamiento quedó marcado. Analistas electorales señalan que, desde 2018, el presidente ha dedicado al menos 150 discursos a criticar al instituto, vinculándolo con la élite política que, según su narrativa, obstaculiza su «Cuarta Transformación».
El punto de quiebre llegó con las elecciones de 2024. Tras los comicios del 2 de junio, donde Morena obtuvo una victoria arrolladora pero el INE mantuvo su autonomía en la organización, López Obrador acusó al órgano de «simular imparcialidad». La respuesta no se hizo esperar: el instituto documentó 37 declaraciones presidenciales que, a su juicio, buscaban desprestigiarlo antes, durante y después de la jornada electoral.
La estrategia ahora es clara. Con el «Plan B» presentado esta semana, el gobierno apuesta por cambios estructurales que, según críticos, debilitarían los contrapesos. El INE, por su parte, advierte que las modificaciones podrían afectar su capacidad para garantizar elecciones limpias en 2027.
Diez modificaciones que redefinirán el órgano electoral
El llamado «plan B» de la reforma electoral plantea una reconfiguración profunda del Instituto Nacional Electoral (INE), con diez modificaciones que buscan reducir su estructura y redefinir sus funciones. Entre los cambios más polémicos destaca la eliminación de las 32 juntas locales y la reducción de consejerías electorales, una medida que, según analistas en derecho electoral, podría centralizar la toma de decisiones y limitar la capacidad de respuesta en entidades con alta complejidad logística, como Chiapas o la Ciudad de México.
Otro eje clave es la desaparición de los órganos desconcentrados, como las vocalías distritales, y su sustitución por un modelo de delegaciones regionales. Esto implicaría recortar cerca del 85% de las plazas actuales, según estimaciones basadas en documentos internos del INE. La justificación oficial apunta a «optimizar recursos», pero críticos señalan que podría debilitar la vigilancia en zonas rurales, donde el fraude electoral ha sido históricamente más difícil de detectar.
La reforma también propone eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y transferir sus funciones a un sistema alternativo aún sin definir. Este cambio, en particular, ha generado escepticismo entre observadores internacionales, dado que el PREP ha sido un mecanismo de transparencia reconocido en procesos recientes, como las elecciones de 2021, donde permitió difundir resultados con un margen de error inferior al 0.5%.
Menor atención, pero igual de relevante, es la modificación a los criterios de designación de los consejeros electorales. El plan sugiere que el Ejecutivo tenga mayor injerencia en su selección, un giro que contrasta con el modelo actual, donde el Legislativo y la sociedad civil juegan un papel preponderante. La discusión aquí no es técnica, sino de equilibrio de poderes.
Finalmente, se incluye la creación de un «órgano de fiscalización superior» que absorbería funciones hoy dispersas entre el INE y el Tribunal Electoral. La idea, en papel, es agilizar procesos, pero en la práctica podría generar conflictos de competencia, especialmente en casos de impugnaciones donde hoy ambos organismos actúan de manera complementaria.
¿Qué sigue si el Congreso aprueba el plan alternativo?
Si el Congreso avala la propuesta de reforma electoral presentada por el Ejecutivo, el proceso de implementación arrancaría en menos de 30 días. La Secretaría de Gobernación tendría que publicar los decretos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el INE contaría con un plazo máximo de 90 días para adecuar sus estructuras a los nuevos lineamientos. Analistas en derecho electoral, como los consultados por el Instituto Belisario Domínguez, advierten que este ajuste acelerado podría generar tensiones operativas en un organismo ya sometido a recortes presupuestales en los últimos cinco años.
El cambio más inmediato sería la reducción del número de consejeros electorales, que pasaría de 11 a 7, junto con la eliminación de las 32 juntas locales. Esto implicaría un despido masivo de al menos 850 empleados, según cálculos de la Asociación Mexicana de Derecho Constitucional. Mientras tanto, los partidos políticos tendrían que replantear sus estrategias de fiscalización, ahora con un INE con menores capacidades de supervisión.
En el plano jurídico, la reforma enfrentaría casi con certeza recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. La discusión giraría en torno a si los cambios vulneran la autonomía del INE o el derecho a votar en condiciones de equidad. Históricamente, la Corte ha tardado entre 6 y 12 meses en resolver controversias de este tipo.
Para las elecciones de 2027, el nuevo modelo ya estaría en funcionamiento, aunque con un margen de error mayor. Sin las oficinas locales, la logística de las votaciones en zonas rurales —donde el 22% del padrón electoral reside— dependería de estructuras temporales y personal eventual, algo que ningún sistema electoral en América Latina ha probado a esta escala.
El plan B de AMLO para reformar el INE sin tocar la Constitución confirma su determinación por reconfigurar el sistema electoral mexicano, aunque ahora con ajustes técnicos que buscan esquivar los obstáculos legales y políticos que frenaron su primera propuesta. Los 10 cambios anunciados—desde la reducción de consejeros electorales hasta la eliminación de multas a partidos—reflejan una estrategia más pragmática, pero igual de ambiciosa, que pondrá a prueba tanto la capacidad de negociación del gobierno como la resistencia de las oposiciones y la sociedad civil. Quienes sigan de cerca este proceso harían bien en analizar no solo el texto de las reformas, sino su posible impacto en la autonomía del INE y en la confianza ciudadana de cara a 2024, cuando el país enfrentará elecciones históricas. Lo que viene no será un debate jurídico, sino una batalla por el equilibrio de poder en la democracia mexicana.