Doce adolescentes huyeron la madrugada del martes de un anexo en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, luego de reducir a dos custodios y escalar un muro perimetral. Las primeras investigaciones señalan que los jóvenes, de entre 14 y 17 años, habían sido internados por adicciones, pero las condiciones del lugar—denunciadas en repetidas ocasiones por irregularidades—ahora están bajo el escrutinio de la Fiscalía capitalina. Mientras las autoridades despliegan un operativo para localizarlos, el caso reabre el debate sobre la falta de regulación en estos centros, donde la línea entre rehabilitación y privación ilegal de la libertad sigue siendo difusa.
El término profugos del anexo CDMX ya circula en redes sociales y medios locales, pero más allá del morbo que despiertan estas fugas, el episodio expone un problema estructural: en la capital mexicana operan al menos 400 anexos no registrados, según datos de la Comisión de Derechos Humanos local. Los profugos del anexo CDMX no son solo jóvenes en fuga, sino síntomas de un sistema donde la urgencia por «contener» adicciones choca con la ausencia de protocolos claros. Mientras las familias de los adolescentes denuncian maltratos y extorsiones, las autoridades enfrentan presiones para esclarecer no solo esta evasión, sino el destino de cientos de menores en centros similares.
Cómo operan los anexos para adolescentes en la capital
Los anexos para adolescentes en la Ciudad de México operan bajo un marco legal ambiguo, aprovechando vacíos en la regulación de centros de rehabilitación no gubernamentales. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al menos el 60% de estos lugares carece de permisos sanitarios o de personal capacitado, lo que facilita prácticas como el encierro prolongado bajo el pretexto de «tratamiento». Muchos funcionan como negocios privados donde familias, desesperadas por casos de adicciones o conductas disruptivas, pagan cuotas mensuales que oscilan entre 15,000 y 40,000 pesos, sin garantía de métodos profesionales.
El modus operandi suele incluir el traslado forzoso de los jóvenes —a veces con engaños o incluso secuestros express— hacia inmuebles adaptados como centros de internamiento. Allí, bajo el argumento de «disciplina terapéutica», se les somete a jornadas extenuantes de actividades físicas, trabajos domésticos o sesiones de adoctrinamiento, según denuncias recabadas por colectivos como Red por los Derechos de la Infancia. Las fugas, como la registrada esta semana, exponen no solo fallas de seguridad, sino también la resistencia de los adolescentes a condiciones que rayana en la privación ilegal de libertad.
Autoridades capitalinas reconocen que la fiscalización es mínima. Mientras la Secretaría de Salud debería supervisar estos espacios, en la práctica son las delegaciones municipales las que —cuando actúan— lo hacen tras denuncias por maltrato o desapariciones. La falta de un padrón oficial permite que los anexos cambien de ubicación o nombre con frecuencia.
Expertos en derechos humanos señalan que, aunque algunos centros prometen reinserción social, la mayoría reproduce ciclos de violencia. La ausencias de protocolos estandarizados deja en manos de los operadores —muchos sin formación en psicología o pedagogía— decisiones que pueden derivar en abusos.
Las 12 horas críticas entre la fuga y la alerta oficial
El reloj marcaba las 3:17 a.m. cuando el primer informe de movimiento sospechoso llegó al sistema de monitoreo del anexo en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, las cámaras de seguridad —que según protocolos debieron activar una alerta inmediata— registraron solo imágenes borrosas de sombras moviéndose hacia la salida trasera. Los sensores de las puertas, instalados en 2022 como parte de un programa de modernización en centros de rehabilitación, no emitieron señal alguna. Para cuando el personal de turno revisó manualmente los registros, a las 7:45 a.m., las 12 adolescentes ya llevaban más de cuatro horas fuera.
La demora en la reacción no fue casual. Un informe interno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, filtrado a medios locales, revela que el 68% de los anexos en la CDMX operan con menos del 50% del personal de vigilancia requerido por ley. En este caso, solo dos guardias cubrían el turno nocturno para 47 internos.
Mientras las jóvenes avanzaban hacia la estación del Metro más cercana —según testimonios de vecinos que las vieron caminar en grupo por Avenida Tláhuac—, las autoridades locales discutían la jurisdicción del caso. La Fiscalía capitalina argumentaba que, al tratarse de un centro privado, la responsabilidad recaía en los dueños del anexo. Estos, a su vez, alegaban que el protocolo de búsqueda correspondía a las fuerzas públicas. El vacío legal se extendió hasta las 3:20 p.m., cuando la alerta Amber se activó por presión de colectivos de derechos humanos.
Para entonces, las redes sociales ya circulaban videos de las adolescentes en un OXXO de la colonia Peñón Viejo, comprando refrescos con billetes de baja denominación. La pista más concreta llegó demasiado tarde.
¿Qué sigue para los menores y los dueños del centro?
Las autoridades capitalinas enfrentan ahora un doble desafío: localizar a los 12 adolescentes fugados y determinar las responsabilidades legales de los dueños del anexo Nueva Vida, ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al menos 60% de los centros de este tipo operan sin licencias válidas en la Ciudad de México, lo que agrava los riesgos para los menores internados.
Para los adolescentes, el protocolo establece su canalización a instancias de protección infantil. La Fiscalía General de Justicia capitalina ya coordinó con el DIF local para evaluar su situación legal y psicológica. Sin embargo, el proceso se complica cuando algunos podrían ser mayores de edad o tener antecedentes penales, como ocurrió en casos previos donde fugas similares terminaron en redes de trata o delincuencia organizada.
Los propietarios del anexo, en tanto, podrían enfrentar cargos por privación ilegal de la libertad o negligencia. La Procuraduría capitalina analiza si hubo omisiones en los protocolos de seguridad, como cámaras no funcionales o personal sin capacitación. Expertos en derecho penal señalan que, en casos como este, las sanciones suelen incluir multas de hasta 500 mil pesos y clausuras definitivas.
Mientras, vecinos del lugar exigen mayor vigilancia. «Aquí siempre entran y salen jóvenes en mal estado, pero nadie hace nada», comentó un comerciante de la zona. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó operativos en un radio de 5 kilómetros, aunque hasta ahora no hay detenciones.
La fuga de doce adolescentes de un anexo en la Ciudad de México no solo expone las graves fallas en los protocolos de supervisión y seguridad de estos centros, sino que también enciende las alarmas sobre un sistema que, en lugar de rehabilitar, parece reproducir ciclos de violencia y abandono. Mientras las autoridades rastrean a los responsables directos, el caso obliga a replantear cómo se gestionan estos espacios, donde la opacidad y la falta de regulación terminan poniendo en riesgo a quienes deberían estar protegidos. Urge que las fiscalías actúen con transparencia en la investigación, pero también que se exijan auditorías independientes a todos los anexos de la capital, con sanciones ejemplares para quienes operen al margen de la ley. La discusión ya no puede limitarse a este incidente: es el momento de construir alternativas reales que garanticen derechos, no solo encierro.